Proto Comuna Caballito

Verano patrimonial (I)

2012-01-24T09:37:00.000-03:00

Por Facundo de Almeida

Los depredadores patrimoniales –públicos y privados– creyeron que tendrían un veranito de demoliciones. No fue así.

La ayuda que les dio la bancada del PRO y algunos legisladores opositores en la Legislatura porteña duró poco. El Poder Judicial, con el primero de varios fallos en plena feria, les amargó la temporada de caza: las leyes 2548 y 2056 –que protegen preventivamente los edificios anteriores a 1942– seguirán vigentes hasta tanto los diputados concluyan el debate sobre su eventual y necesaria prórroga.

Luego, llegó la prohibición de demoler la Casa Suiza y, esta semana, otras dos resoluciones de los jueces Vicente Cataldo y Elena Liberatori impidieron la destrucción de un inmueble en Puán 123 y otro en Teodoro García 1733. En estos casos los amparos fueron iniciados por el Dr. Guillermo Blousson, presidente de la Asociación Civil Barrio La Imprenta. Esta ONG patrimonialista nació al calor de la lucha –y el triunfo– para preservar los emblemáticos edificios conocidos como La Imprenta y La Cuadra.

La efectiva actuación de la Justicia en defensa del patrimonio cultural ya no es una noticia y, a esta altura, tampoco que los jueces habiliten la feria judicial para tratar estos temas, ni que los depredadores busquen cualquier resquicio para burlar la ley, pero las últimas decisiones judiciales traen novedades importantes.

La principal es que la Justicia ha puesto la lupa sobre el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Se trata de un órgano mixto, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Legislatura y de algunas instituciones, y sus miembros cumplen tareas en forma honoraria, pero esto no los exime de responsabilidad, incluso, penal.

Hasta 2007, cuando se sancionó la ley 2548, su función era casi decorativa, pero a partir de la existencia de esta norma se le otorgó el poder de desestimar inmuebles que a criterio de sus miembros no tuvieran valor patrimonial lo que equivale, en la práctica, a autorizar su demolición. Los dos primeros años actuaron –en general– con buen criterio.

Luego, todo cambió. Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano comprendieron que su afán depredador se veía impedido por ese ignoto órgano, y comenzaron a modificar su composición y a hacer cambiar de posición a muchos de sus integrantes, incluidos –curiosamente– los representantes del Ministerio de Cultura.

La primera y mayor acción depredadora del CAAP fue crear un listado de edificios “desestimados”, pero sobre los cuales nadie había pedido ningún tipo de autorización para demoler. Las consecuencias de este accionar fueron ya explicadas en reiteradas oportunidades en m2, y también que como corolario de la presión de los ciudadanos, la Justicia y la prensa, este sistema se dejó de lado.

Pero eso no impidió, en muchos otros casos, que el CAAP avalara la demolición de inmuebles que sin lugar a duda merecían protegerse. Tal vez, alertada de esta situación, es que la Dra. Andrea Danas en la medida precautelar que “prorrogó” la ley 2548 exigió que, a partir de ese momento, toda desestimación del CAAP deba ser remitida a su juzgado.

El otro atajo que los funcionarios de Desarrollo Urbano inventaron para facilitar su tarea depredadora fue la figura de la “reconsideración” de las decisiones del CAAP. Si la desestimación del valor patrimonial de un inmueble tiene una consecuencia inmediata: su demolición, la “estimación” de que un inmueble es valioso no implica su necesaria protección, sino que dispara el largo procedimiento de catalogación.

Este proceso concluye –o no– con la aprobación de una ley de doble lectura, y prevé dos oportunidades formales –una en el ámbito del Ejecutivo y otra en el ámbito de la Legislatura– para que el propietario exprese su oposición a la protección del bien.

Es más, el CAAP no dicta una resolución, sino que elabora un dictamen que puede ser tenido en cuenta por los legisladores para aprobar la catalogación, pero que en todo caso no es vinculante y puede ser dejado de lado.

Al tratarse de un órgano asesor y no resolutivo es absolutamente improcedente que se pretenda que sus decisiones puedan ser reconsideradas. En ese sentido, el procedimiento administrativo es claro, los recursos de reconsideración se pueden presentar frente a actos de un órgano ejecutivo y cuando éstos “son definitivos o impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado”.

Con los dictámenes del CAAP no ocurre ni una cosa ni la otra. Es además absurdo –y naturalmente podría despertar suspicacias– que una vez que reconocieron valor patrimonial en un inmueble, a los pocos días sus integrantes expresen la opinión contraria, más aún si esto se vuelve una práctica habitual como está sucediendo en el CAAP.

Es por eso que en los amparos presentados por el Dr. Blousson –en un caso la Justicia dictó una medida cautelar y en la otra una medida precautelar– los demandados son el Ministerio de Desarrollo Urbano y el CAAP.

En el caso del inmueble de la calle Puán 123 había dictaminado inicialmente a favor de la protección de bien, y el subsecretario de Desarrollo Urbano, Héctor Lostri, dictó la resolución Nº 196 - SSPLAN-2011, incorporándolo al Catálogo Preventivo de Inmuebles Protegidos.

La descripción de las curiosidades e irregularidades de la nueva votación en la que el CAAP resolvió desestimar un inmueble que ya se encontraba legalmente protegido vamos a dejarla para la semana que viene porque merecen una columna especial.

El edificio de Teodoro García forma parte, además, de un record que difícilmente puedan explicar los integrantes del CAAP que votaron a favor de su desestimación. Fue dejado sin protección junto con otros 900 –sí, ¡novecientos!– inmuebles “evaluados” en una sola reunión.

Tal vez por eso, y a pesar de que todavía no analizó la cuestión de fondo, el juez le dedicó un duro párrafo al CAAP: “Sin duda, ayuda a la pretensión cautelar de la demanda la total carencia de fundamentos de la decisión adoptada el 12-5-2009 por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, con la mera lectura de la ‘nota’ –las comillas son del juez y tienen que ver con la informalidad del CAAP, que no numera ni registra sus actuaciones– emitida ese día”.

No permiten demoler sin que haya una inspección previa

2012-01-19T11:05:00.001-03:00

POR PABLO NOVILLO

Es obligatorio informar cuándo arranca la obra. La medida llega tras el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre. Los constructores deben avisar la fecha justa de la demolición o excavación, para facilitar los controles. Son los momentos más críticos.

19/01/12

Los empresarios de la construcción que estén por comenzar a levantar un edificio deberán informar la fecha exacta del inicio de obras , para facilitar los controles de parte del Gobierno porteño. Además, si tuvieran que demoler alguna estructura vieja, no podrán hacerlo sin una inspección previa.

Estos requisitos, que están vigentes desde el lunes pasado, llegan por la puesta en marcha de la ley N° 3.562, que fue sancionada por la Legislatura porteña en setiembre de 2010, un mes después del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, que dejó tres muertos. Si bien esta ley estaba vigente, el Ejecutivo no la había reglamentado cuando fue el derrumbe parcial del edificio de Bartolomé Mitre 1232, en noviembre pasado, en el que murió Isidoro Madueña, un hombre de 74 años que no escuchó el llamado para evacuar el edificio. Esa demora en poner en marcha la ley le valió a la administración macrista varias críticas de la oposición.

Por eso, la Agencia Gubernamental de Control estableció un nuevo mecanismo. Una vez que el empresario consiga el permiso para construir, deberá presentar ante el organismo, que atiende en Perón 2941, los planos, un seguro de responsabilidad civil por los riesgos que pudieran sufrir terceros, y el plan de trabajo, en el que deberán especificar los plazos de las distintas etapas de obra, para que el Estado pueda ir realizando las inspecciones correspondientes a cada etapa. Hasta ahora, los constructores podían iniciar la obra en cualquier momento desde que conseguían la habilitación.

En el caso de que tengan que hacer una demolición, el profesional responsable de la obra tendrá que pedir la inspección con una anticipación de 5 a 30 días hábiles. Esas tareas no podrán comenzar hasta tanto la AGC no haya corroborado que en la obra se tomaron todas las medidas de seguridad obligatorias por ley, como el refuerzo de las medianeras de los edificios aledaños.

En tanto, en el caso de las excavaciones de hasta 4 metros de profundidad, será obligatoria una inspección cuando se haya llegado al 10% de la ejecución de los trabajos. Pero si la excavación prevista fuera de más de 4 metros, habrá una segunda inspección obligatoria al llegar al 50% de avance. En este caso, en el momento de la inspección será obligatorio que esté presente el representante técnico encargado de la excavación, que además debe estar matriculado en el registro de excavadores que tiene el Gobierno porteño.

Con el boom de la construcción de los últimos años se multiplicaron los casos de edificios dañados o directamente caídos por obras mal hechas en los terrenos linderos. Los casos más graves fueron los del gimnasio de Villa Urquiza y el edificio de Once, pero hubo más antecedentes: el 12 de febrero, una grúa cayó sobre un edificio en Las Cañitas y destruyó varios departamentos; y en marzo de 2007 hubo una seguidilla de cuatro derrumbes seguidos en Caballito, Boedo, Palermo y Villa Crespo, entre otros ejemplos.

Las etapas de demolición y excavación son críticas. Según la propia AGC, en el 50% de los casos los accidentes de obra se produjeron en los primeros días de trabajo , sobre todo en las medianeras. Un 30% ocurrió al momento de la edificación y el 20% se dio por diversas causas en distintos momentos de las obras.

Entre el 1° y el 20 de diciembre, en la primera etapa de puesta en marcha de la ley N° 3.562, la AGC realizó 397 inspecciones a obras. En el 70% no se detectaron irregularidades y en el 28,5% se encontraron problemas menores, pero el 1,5% restante de las obras tuvieron que ser clausuradas porque no respetaban las medidas de seguridad o tenían problemas con la documentación. El 30% de las inspecciones se hicieron en Caballito y el 25% en Palermo, los dos barrios más visitados.

Tras el derrumbe de Once, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo denunció que había detectado 883 obras en riesgo y que el Gobierno porteño no había actuado, pero en la Ciudad respondieron que habían controlado a todas las obras que correspondía.

Ciudad entre medianeras

2012-01-19T10:42:00.000-03:00

12/01/2012

POR MIGUEL JURADO * - mjurado@clarin.com

La mezcla de edificios de distintas alturas y profundidades estropea los barrios. Hay que repensar el futuro del tejido urbano.

Buenos Aires es un collage de medianeras, un festival de edificios desparejos y desordenados que muchas veces resulta francamente desagradable. A pesar de eso, a muchos turistas les parece pintoresco, simpático, característico. Claro que ellos no tienen que vivir acá y sólo conocen los cuatro barrios armados para su satisfacción en los que el medianerismo porteño es casi un ikebana urbano.

El caos de edificios de distintas alturas, profundidades y alineaciones no sólo estropea a la mayoría de los barrios, sino que trae problemas ambientales, como afirma el urbanista Marcelo Corti: “El desorden produce deficiencias paisajísticas, pero también de asoleamiento, ventilación y privacidad entre edificios. Además de afectar la calidad del espacio público en calles y plazas”.

Por suerte hoy, entre técnicos urbanistas y políticos existe el consenso de que las próximas leyes urbanas deben establecer una forma concreta para la ciudad, teniendo en cuenta lo existente y lo nuevo. Será lo que se llama un código morfológico, en contraposición al que existe ahora que podríamos llamarlo “abstracto”.

Pero no es que los códigos abstractos no busquen que la ciudad tenga una forma determinada, el problema es que imaginan una renovación completa de la ciudad en un plazo más bien corto. Pensados de esa manera, los planes resultaban coherentes en los papeles, en el mundo platónico de las ideas o cuándo, en un futuro que nunca llega, todos los edificios de la ciudad son renovados. Los códigos que rigieron (y todavía rigen) a Buenos Aires alientan esa sustitución y es así como nacen las demoliciones epidémicas que padece cíclicamente la Ciudad.

Ahora, mientras llega el futuro soñado, todos vivimos en una ciudad a medio reformar, con huellas de cada uno de los distintos códigos en todas las cuadras.

Todo empezó hace tiempo, antes del Código de Planeamiento Urbano. En aquella época, el código que establecía la forma de Buenos Aires era el de Edificación. Pero, esa norma logró plasmar su fórmula sólo en grandes avenidas como Santa Fe y Rivadavia, donde se pueden ver cientos de edificios de departamentos entre medianeras que forman paredes continuas de balcones y ventanas. “Esto ocurrió entre los cincuenta y los sesenta, se completaron las avenidas principales, pero en el resto de la ciudad dejó una secuela de medianeras enormes a la vista y edificios de 8, 10 o 12 pisos aplastando a sus vecinos bajitos, como solitarios gigantes de una manzana distorsionada”, señala Corti.

El actual Código porteño no lo hizo mejor. Entró en vigencia en 1977 y, aunque sufrió cientos de modificaciones, sobrevivió con la misma idea con la que nació: apoyar la unificación de parcelas, la construcción de torres que hoy muchos vecinos odian, la creación de pulmones verdes en el centro de las manzanas y eliminar los patios de aire y luz para que los departamentos entre medianeras fueran más dignos.

Si bien en un principio, el Código actual establecía muchas restricciones a la superficie que se podía construir en cada lote (fue pensando para una ciudad de 3 millones de personas), las modificaciones levantaron las restricciones e impulsaron el boom constructivo que ya sufren los barrios más caros.

El código que se planee para el futuro inmediato de Buenos Aires, debe otorgarle especial importancia a la forma de la Ciudad, pero lo más importante es que considere a la manzana y a la cuadra como las piezas principales del tejido urbano para respetar las características de cada barrio y preservar áreas por sus rasgos y no sólo edificios aislados.

Como bien sabemos, la Ciudad no cambia de un día para el otro. Está en constante cambio, y ese proceso puede ser bello.

* Editor adjunto de ARQ

El patrimonio porteño resiste

2012-01-06T09:25:00.000-03:00

"Hasta que la legislatura trata el tema de fondo" el gobierno porteño no podrá derribar edificios construídosantes de 1941, según lo dispuso la jueza Andrea Danas, del juzgado contencioso administrativo y tributario 9 de la Ciudad, por pedido de organizaciones vecinales.

“Gracias a un inmenso trabajo realizado por los abogados (Ma. Carmen Arias Usandivaras, y los "abogados ambientalistas" Enrique Viale, Sebastián Pilo y el Dr. Baldivieso), en conjunto con varias otras personas que trabajaron desde la movilización, legisladores, volanteadas, y muchos otros aportes fundamentales, y de las distintas organizaciones que se sumaron a esta movida: Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Proto-Comuna Caballito, SOS Caballito, Salvar Floresta”, informaron desde la cuenta de Facebook de la ONG Basta de Demoler.
“ha sido un trabajo conjunto y arduo, donde no hemos bajado los brazos aún con los pronósticos más pesimistas y con intereses poderosísimos en contra. Un bravo por todo el trabajo realizado, que ha tenido un resultado que realmente nos alienta. Creo que podremos festejar merecidamente esta Navidad, el fallo es importantísimo; sumado a toda la difusión que hubo estas semanas del tema, los alcances son impensables a nivel nacional, y sigue marcando un rumbo donde la pasión por proteger la belleza de nuestras ciudades es la fuerza que nos une y motiva a seguir para adelante con entusiasmo”, sumaron en su texto.
"La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por varias organizaciones ante la inminencia de la pérdida de vigencia, el próximo 31 de diciembre, de la Ley 2548 que establece un Procedimiento Especial de Protección Patrimonial para dichos inmuebles", añadió por su parte desde un comunicado de la Proto-Comuna Caballito.

En tanto, se supo que esta medida judicial obedece a que la Legislatura porteña, cerrando su año de sesiones, no incluyó en sus temas a tratar la renovación de una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural anteriores a 1941.
De este modo, las organizaciones vecinales y sociales hicieron oír su voz una vez más. Hicieron público su malestar ante la posibilidad de que edificios históricos queden vulnerables ante la posibilidad de quedar reducidas a escombros, en principio y en torres más tarde.
Entonces, esta medida, llegando fin de año, "protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20% del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital", tal como informaron las organizaciones no gubernamentales defensoras del patrimonio porteño.
Además, la Proto-Comuna Caballito informó que la jueza "resolvió ordenarle al gobierno porteño la suspensión del otorgamiento de permisos de demolición u obra respecto de la totalidad de inmuebles de dominio público o privado cuya fecha de construcción sea anterior al año 1941".
Por último, la citada organización vecinal resaltó que el fallo de la jueza hace extensivo el impedimento "hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad", motivo por el cual en el próximo año legislativo se deberá poner atención a este aspecto ya que, tal como denuncian estas agrupaciones, la consecuencia visible es la pérdida de identidad barrial, por un lado, y los riesgos de la construcción desmedida en un aspecto más concreto, tal como se ha apreciado en el último tiempo.
N.C.

Control ciudadano online para los proyectos

2012-01-05T09:31:00.000-03:00

(Un gran triunfo de la Proto Comuna Caballito que desde hace 4 años insistia en esta propuesta)

04/01/2012

A partir de ahora, en el sitio web del Gobierno de la Ciudad se puede ver el expediente y seguir el progreso de cada obra que se está ejecutando en la CABA.

El reclamo por un mayor control sobre la ejecución de las obras de contrucción por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha mantenido como una petición constante desde el derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza en septiembre de 2010. Las autoridades han comenzado a responder a estas demandas de forma más urgente desde el fatal colapso del edificio de Bartolomé Mitre 1232 el 4 de noviembre pasado. Hace menos de un mes se reglamentó la Ley N° 3.562 que obliga a inspeccionar toda obra en construcción durante la etapa de demolición y excavación y a partir de ahora publicará en su página web el expediente de todas las obras que se están ejecutando en la CABA.

En el sitio web se podrá encontrar cualquier obra que haya sido registrada en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro y están a disposición todos los proyectos que fueron inscriptos a lo largo de 2011. En este registro, cualquier persona podrá acceder y encontrar el número de expediente, la fecha de registro, dirección, nomenclatura catastral (sección – manzana – parcela), tipo de obra y nombre del profesional de todas las construcciones que actualmente se están llevando a cabo en la ciudad.

Dgroc - Obras Registradas

Finalmente, quedaron protegidos los edificios anteriores a 1941

2012-01-04T09:37:00.000-03:00

POR PABLO NOVILLO

- 04/01/12

Unos 140.000 edificios porteños construidos antes de 1941 quedaron finalmente protegidos de eventuales demoliciones, luego de que el Gobierno porteño no apelara una medida judicial dictada la semana pasada.

De esta manera, cualquier particular o empresa que pretenda demoler o modificar alguna de esas construcciones deberá pedirleautorización a un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que decidirá si la edificación tiene o no valor patrimonial.

Hasta el año pasado, este sistema era regulado por una ley que, año a año, iba prorrogando la Legislatura porteña. Sin embargo, en el último período legislativo el macrismo no impulsó una renovación de la norma, por lo cual los cerca de 140.000 edificios anteriores a 1941 que sobreviven en la Ciudad corrían riesgo de ser demolidos . De hecho, en los últimos cuatro años, cuando se sancionó la ley por primera vez, fueron presentados 5.242 pedidos de demolición de este tipo de construcciones, y 4.253 fueron autorizados.

Ante este panorama, seis asociaciones vecinales se presentaron ante la Justicia pidiendo la protección de los edificios: fueron Basta de Demoler, Fundación Ciudad, Proteger Barracas, SOS Caballito, Protocomuna Caballito y Salvemos Floresta, quienes pretendían evitar que la “especulación inmobiliaria” aprovechara las demoras en el tratamiento de la renovación de la ley.

La causa cayó en manos de Andrea Danas, jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad, quien firmó una medida precautelar que le ordenó al Ejecutivo porteño abstenerse de otorgar permisos de demolición para estas construcciones. El argumento es que la ley aún está siendo discutida por la Legislatura, y que hasta tanto ese debate no termine, los permisos de demolición podrían provocar un daño irreparable.

El Ejecutivo porteño, sin embargo, podía apelar la medida judicial, y así mantener abierta la discusión. Pero fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano confirmaron que se tomó la decisión política de no hacerlo, que el fallo quedara firme y que sea la Legislatura la que decida la cuestión.

FALLO COMPLETO DE LA JUEZA ANDREA DANAS

2012-01-03T19:59:00.001-03:00

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1
“Asociación Civil Basta de Demoler y otros c/GCBA s/ AMPARO (art. 14 CCABA)”
Ciudad de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011.-
AUTOS Y VISTOS:
I.- A fs. 81/110 se presentan la “Asociación Civil Basta de
Demoler-por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires”, representada
por su presidente Sra. María Carmen Arias Usandivaras y su vicepresidente Sr. Santiago Pusso;
la “Fundación Ciudad”, representada por su presidente Sra. Andreína de Luca de Caraballo; la
“Asociación Civil y Vecinal S.O.S. Caballito para una mejor calidad de Vida”, representada
por su presidente Sr. Rodolfo Enrique Diringuer. Todas las personas físicas se presentan, a su
vez, en calidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires e inician esta acción de amparo
colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-
Aducen que el Estado local ha implementado una política de
protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la Ciudad, a través de la
creación del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP),
instrumentado mediante la Ley 2548, cuyo plazo de vigencia culminará el próximo
31/12/2011.-
En este sentido, refieren que en la Legislatura local se encuentran
en pleno trámite parlamentario, diversos proyectos de ley tendientes a la protección de aquellos
inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren emplazados dentro del territorio
de la Ciudad, cuyo planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su
defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral correspondiente sea
anterior a dicha fecha; así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la
categoría “Edificios Representativos”.-
Destacan que el debate legislativo de los proyectos de ley (v. fs.
46/69) no culminará en forma previa a la finalización del plazo de vigencia de la ley 2548.
Por este motivo, entienden que es necesario implementar una
protección preventiva del patrimonio histórico de la Ciudad comprendido en la norma referida.
De lo contrario, se configuraría una afectación grave e irreparable
a bienes jurídicos colectivos de raigambre constitucional como lo son el ambiente en general, y
el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la Ciudad.-
2
Así es que entablan esta acción de amparo con el objeto que se
ordene al GCBA que (i) complete el catálogo definitivo con el relevamiento de la totalidad de
los inmuebles de propiedad pública y privada comprendidos en el artículo 2 b) de la ley 2548;
(ii) culmine el proceso de evaluación del valor patrimonial de los inmuebles referidos en los
incisos a) y b) del artículo 2 de la ley 2548; (iii) efectivice un proceso de protección adecuada y
oportuna de aquellos inmuebles que presenten valor patrimonial; y (iv) se prohíba autorizar
permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo
registro de planos), respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada
incluidos en el artículo 2 de la ley 2548.-
Por lo tanto, a los efectos de no tornar ilusorio el objeto del
amparo, requieren como medida cautelar urgente que se ordene al GCBA la suspensión del
otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o
cualquier construcción nueva (incluyendo registros de planos), respecto de la totalidad de los
inmuebles de propiedad pública o privada comprendidos dentro del artículo 2 de la ley 2548,
con excepción de aquellos en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelva en
forma expresa e individualizada que el inmueble no posee valor patrimonial. Ello hasta tanto
recaiga sentencia definitiva en autos; o bien hasta tanto la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires culmine el procedimiento de debate parlamentario en torno a los proyectos de ley
referidos a la protección de los inmuebles objeto de esta acción (Expedientes Nº 1370-D-2011,
2162-D-2011, 2138-D-2011, 2206-D-2011, 2519-D-2011 y 2548-D-2011); o bien hasta que el
GCBA implemente un sistema de protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural
de la Ciudad, cuyos efectos resulten equiparables o superadores de los que implica la vigencia
de la Ley 2548.
Peticionan, además, que si la medida es decretada luego del día
31/12/2011, sus efectos sean retroactivos.-
Por último, requieren que se ordene al Poder Ejecutivo local que
realice el relevamiento e inventario de los inmuebles comprendidos en el artículo 2 de la ley
2548, para su puesta en consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, a fin de
que se evalúe si los inmuebles poseen o no valor patrimonial.-
Subrayan que el objetivo de la ley 2548 fue, justamente,
establecer un sistema de protección preventiva del patrimonio para ciertos inmuebles (v. art. 2)
que debían ser catalogados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (v. art. 4, inc. c), a
fin de determinar si poseían o no valor patrimonial que debiese ser preservado.
La fecha de antigüedad de los inmuebles, resaltan, no fue elegida
en forma arbitraria, sino que responde a la vigencia del primer catastro de la Ciudad.-
Así, durante la vigencia de la ley 2548 se permitió la
efectivización de la actividad estatal de planificación de los inmuebles con valor patrimonial.
Sin embargo, esta tarea aún no se encuentra culminada. A punto tal, continúan, que el plazo de
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3
vigencia de la norma debió ser prorrogado en dos oportunidades, mediante las leyes 3056 y
3680.-
Por tal motivo, ante la inminente expiración del plazo de la
vigencia de la ley 2548, se presentaron cinco proyectos de similares características, con el
propósito de prorrogar la norma mencionada, cuyo debate no culminó durante el período de
sesiones ordinarias de la Legislatura.-
Ante esta situación, el 07/12/2011, se presentó un nuevo proyecto
de ley mediante el cual se promueve la catalogación de la totalidad de los inmuebles anteriores
al año 1941, y se establece un término de ciento ochenta (180) días para que el Poder Ejecutivo
efectúe el relevamiento e inventario de todos estos inmuebles y los ponga en consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.-
Fundan su derecho en la necesidad de proteger preventivamente
los inmuebles mientras se extienda el debate legislativo, en el derecho a un ambiente sano y
equilibrado, y en la omisión del GCBA de su obligación de proteger el patrimonio cultural,
urbanístico y arquitectónico de la ciudad.-
Solicitan la habilitación de días y horas inhábiles para resolver la
medida cautelar peticionada, cuya caución juratoria prestan a fs. 108 vta., y fundan su petición
a fs. 109, punto X.-
II.- En primer lugar es menester aclarar que esta acción de
amparo fue iniciada fuera del horario hábil judicial, por ante este Juzgado de turno, conforme
lo dispone la Resolución Nº 845-CM-2010.-
II.1.- En este contexto, debe subrayarse que mediante esta acción
de amparo pretende tutelarse el medio ambiente, protegido tanto en la Constitución Nacional
como en la Constitución local.-
En efecto, el derecho a un ambiente sano se encuentra
expresamente postulado y reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional donde se
establece que : "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
4
biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las
normas que contemplen los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales."
Por su parte en el artículo 26 de la Constitución local se dispone
que: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente
sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes
y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe
cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. La Ciudad
es territorio no nuclear. Se prohíbe la producción de energía nucleoeléctrica y el ingreso, la
elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radiactivos. Se regula por
reglamentación especial y con control de autoridad competente, la gestión de las que sean
requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación civil. Toda persona tiene
derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o
pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas."
A su vez, el artículo 27 dispone que "La Ciudad desarrolla en
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las
políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área
metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y
permanente que promueve (...) 2.La preservación y restauración del patrimonio natural,
urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora."
Conforme el artículo 29 de la CCABA, “La Ciudad define un
Plan Urbano y Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades
académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81,
que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras
públicas” y el artículo 30 CCABA establece la obligatoriedad de la evaluación previa del
impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y
su discusión en audiencia pública.-
Asimismo, cabe referirse al Plan Urbano Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires (PUA) que también contiene varias normas relativas a la protección del
patrimonio urbano.-
Así, el artículo 11 establece que “el Plan Urbano Ambiental
prestará una especial atención a la variable patrimonial con el objeto de desarrollarla,
incorporarla al proceso urbanístico e integrarla a las políticas de planeamiento, procurando
armonizar las tendencias de transformación y el resguardo de aquellas áreas, paisajes,
monumentos, edificios y otros elementos urbanos de relevante valor histórico, estético,
simbólico y/o testimonial” (art. 11 del PUA, ley 2930, sancionada el 13/11/2008, publicada el
08/01/2009 en el BOCBA Nº 3091).-
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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En suma, todos los habitantes de la Ciudad, por expreso
imperativo constitucional (tanto federal como local), tienen reconocido el derecho fundamental
a gozar de un ambiente sano, aspecto que incluye el planeamiento urbano de la Ciudad.-
Asimismo, la afectación del ambiente puede significar daños a la
salud de las personas, que también es un bien jurídico constitucional objeto de especial tutela
(art. 20 CCBA).-
II.2.- Por otro lado, a poco que se repare, es evidente que el
sistema de protección preventiva instaurado por la ley 2548 respecto de todos los inmuebles
que tengan un valor patrimonial, expira el 31/12/2011. Ello porque así lo establece la ley 3680
y porque ninguno de los proyectos de ley cuyo propósito es la prórroga del plazo de la ley
2548, agregados en autos, habría sido aprobado durante el curso de las sesiones legislativas
ordinarias.-
Precisamente los actores fundan el inicio de esta acción en el día
de hoy y con la necesidad de la habilitación de días y horas inhábiles, en la espera efectuada
hasta el día de ayer, 22 de diciembre de 2011, en la expectativa de que la Legislatura tratara en
la última sesión ordinaria, los proyectos mencionados, cuestión que, como se señaló
anteriormente, fracasó.
Adviértase que entre el día de hoy, 23/12/2011, hasta el
31/12/2011, sólo quedan tres días hábiles judiciales (v. Res. Nº 279-CM-2011). Este lapso no
parece suficiente para que, razonablemente, pueda protegerse el derecho invocado por los
amparistas.-
En efecto, dado que se trata de un amparo colectivo debería, en
forma previa a ordenarse su trámite, librar oficio a la Secretaría General de la Cámara del fuero
(v. Acordada Nº 5/2005), a fin de anoticiar su inicio. En caso de que no hubiese una acción
similar, se podría proveer su trámite y estudiar la procedencia de la cautelar solicitada.-
El tiempo que estos pasos previos imprescindibles puedan
acarrear y el inexorable vencimiento de la vigencia de la ley 2548, son dos motivos suficientes
para habilitar días y horas inhábiles en los términos del artículo 2 de la Resolución Nº 845-CM-
2010.
III.- Ahora bien, es menester destacar que aún resulta
fundamental contar con mayores elementos de juicio para resolver la medida cautelar
solicitada.-
6
En primer lugar, este Juzgado desconoce si con anterioridad al
presente, se han iniciado juicios de amparo colectivo con similar o idéntico objeto, cuestión
que resulta imposible de indagar, dado el asueto decretado por el Consejo de la Magistratura y
el consiguiente fin de semana de las fiestas navideñas.
Ello no es un tema menor, si se tiene en cuenta que debe
preservarse la actuación judicial de la posibilidad de sentencias contradictorias, o que pudieran
interferir en la garantía del juez natural que el sistema de turnos instaurado ha excusado, en
aras de garantizar derechos constitucionales posiblemente afectados en tiempo inhábil cuya
solución suponga una demora de perjuicio irreparable.
Con estas consideraciones, estimo prudente entrar en el análisis
de la medida cautelar solicitada, evaluando, como se mencionó precedentemente, que quedan
escasos días para que la vigencia de la ley 2548 culmine.
De la lectura de los proyectos de ley agregados a fs. 46/69 se
advierte que la catalogación de la totalidad de los inmuebles cuyos planos hayan sido
registrados antes del 31 de diciembre de 1941, no se encuentra concluida.-
Es cierto también que la inminente expiración del sistema de
protección de la ley 2548 podría acarrear una desmedida solicitud de pedidos de demolición de
inmuebles con el objeto de construir nuevos edificios.-
Además, no debe soslayarse el espíritu que alentó la sanción de la
ley 2548 que fue, justamente, “...contar con una herramienta que permitiera rescatar aquellos
inmuebles que por su significado patrimonial, histórico o cultural resultaran de valor para la
preservación del patrimonio de la ciudad..” (v. fs. 68 vta.).-
Aún así, no resulta adecuada la concesión de una medida cautelar
como la que se solicita, sin conocer la posible iniciación de otros juicios de idéntico objeto ante
otro juzgado del fuero, y sin contar con información relativa al estado parlamentario de los
proyectos de ley oportunamente presentados ante la Legislatura local.
Si bien la actora ha acompañado copia simple de los proyectos
referidos, lo cierto es que resulta imprescindible contar con información actualizada y
fidedigna emanada del propio órgano legislativo.
Ello redunda en la necesidad de otorgar una medida precautelar
que contemple los derechos posiblemente afectados, a la vez que atienda a la transparencia de
la actuación judicial, que se traduce en la inexistencia de otros amparos referidos a la misma
cuestión, y en la que otro magistrado pudiera haber resuelto la medida requerida.
Por ello otorgaré la medida hasta tanto la Secretaría General del
Fuero informe acerca de la existencia de otro juicio similar (Acordada Nº 5/2005), y en caso de
inexistencia, ordenaré que se extiendan los efectos de lo aquí decidido hasta tanto la
Legislatura informe acabadamente al juzgado actuante en un plazo de 5 (cinco) días acerca de
estado parlamentario de todos los proyectos de ley presentados al efecto.
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
7
En esa inteligencia, se ordena al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición,
reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo registros de planos),
respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren
emplazados dentro del territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31
de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación
catastral correspondiente sea anterior a dicha fecha; así como de aquellos que se encuentren
incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, en la categoría “Edificios Representativos”, cuyo valor patrimonial, no haya sido
evaluado. Todo ello con excepción de aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales resuelva en forma expresa e individualizada que el inmueble no posee valor
patrimonial y sin perjuicio de dejar aclarado que la presente decisión precautelar no afectará la
realización de todas aquellas medidas conservativas necesarias para preservar la vida o la salud
de las personas, previa evaluación que deberá efectuar el organismo técnico pertinente, y con la
debida información en autos.
Por todo lo expuesto RESUELVO:
1. Habilitar días y horas inhábiles, en los términos del art. 2 de la
Resolución Nº 845-CM-2010.
2. Por presentados, parte, por denunciados los domicilios reales y
por constituido el domicilio procesal en el lugar indicado.
3. Líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría General del Fuero,
con el fin de informarle la existencia del presente juicio, partes, objeto y estado procesal para
su registro posterior, requiriendo asimismo, que informe sobre la existencia de otras causas de
similar objeto.
4. Líbrese oficio a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
con el fin de que informe acabadamente al juzgado actuante en un plazo de 5 (cinco) días
acerca del estado parlamentario de todos los proyectos de ley presentados con relación al
objeto de autos.
5. Como medida precautelar se ordena al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición,
reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo registros de planos),
respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren
emplazados dentro del territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31
8
de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación
catastral correspondiente sea anterior a dicha fecha; así como de aquellos que se encuentren
incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, en la categoría “Edificios Representativos”, cuyo valor patrimonial, no haya sido
evaluado. Todo ello con excepción de aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales resuelva en forma expresa e individualizada que el inmueble no posee valor
patrimonial y sin perjuicio de dejar aclarado que la presente decisión no afectará la realización
de todas aquellas medidas conservativas necesarias para preservar la vida o la salud de las
personas, previa evaluación que deberá efectuar el organismo técnico pertinente, y con la
debida información en autos, que deberá efectuarse dentro de los cinco días posteriores a su
realización. La medida adoptada tendrá vigencia hasta tanto la Secretaría General del Fuero
informe lo ordenado en el punto 3, o en caso de inexistencia de otro juicio similar, hasta tanto
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires informe lo ordenado en el punto 4. Cumplido lo
dispuesto, esta medida conservará su vigencia hasta que el magistrado actuante resuelva la
medida cautelar peticionada.
Todo ello previa caución juratoria de los amparistas que se
encuentra prestada en el punto VII.4. del escrito de demanda (v. fs. 108 vta.).-
5. Remítase este expediente el día martes 27 de diciembre de
2011 a las 9.00 hs. a la Secretaría General con el fin de que se proceda al sorteo del juez
natural.
6. Regístrese y notifíquese a la parte actora personalmente y a la
demandada mediante oficio a librarse por Secretaría.
Andrea Danas
Jueza

Justicia ejemplar

2012-01-02T21:39:00.000-03:00

Por Facundo de Almeida

La medida precautelar dictada la semana pasada por la doctora Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires, sería sorprendente si no fuera porque está firmada por una jueza que nos tiene acostumbrados a las decisiones acertadas en defensa del patrimonio cultural. No por ello deja de ser ejemplar. La misma magistrada prohibió el año pasado que se siguieran otorgando permisos de obra en Villa Pueyrredón, luego de que se aprobara la ley inicial que bajaba ahí las alturas, a pesar de que aún esa modificación del Código de Planeamiento Urbano no tenía sanción definitiva en la Legislatura.

Este criterio se remonta a unos años atrás, cuando la entonces diputada Teresa de Anchorena presidía la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura, y dejó dos precedentes que fueron una revolución copernicana en materia de preservación arquitectónica. El primero fue aplicado por el juez Gallardo en el caso del edificio de Montevideo 1244 y tuvo que ver con una interpretación del Código de Planeamiento Urbano y de la Ley 1227. Hasta ese momento, la protección de los edificios que se encontraban en proceso de catalogación sólo se concretaba cuando el subsecretario de Planeamiento Urbano dictaba una resolución incorporando el inmueble al catálogo preventivo. Esto sucedía cuando el proyecto de catalogación se originaba en el Poder Ejecutivo o cuando un proyecto iniciado en la Legislatura obtenía dictamen favorable del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

En la práctica eso significaba que el Poder Ejecutivo era el que definía qué se catalogaba y qué no, y si el inmueble a catalogar estaba efectivamente en peligro el proyecto de ley presentado por un diputado era, habitualmente, la partida de defunción. Es que el interesado en demolerlo corría a pedir permiso para destruirlo en cuanto se enteraba de la intención de preservarlo.

Esto se resolvió porque los jueces compartieron este argumento: si otro poder –el Ejecutivo– permitía demoler un edificio que estaba en estudio de la Legislatura y cuando llegaba el momento de votarse la ley el bien ya no existía, se estaba cercenando la facultad de los legisladores a legislar.

El otro gran cambio fue la Ley 2548, luego ampliada y prorrogada. Esta ley cambió de cuajo el modo de proteger, para un universo que comprende los edificios construidos antes de 1941. Hasta 2007 se presumía que los edificios existentes en la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera fuera su antigüedad o características, no tenían valor arquitectónico hasta que no se demostrara lo contrario.

La demostración exigía un largo proceso, incluyendo la sanción de una ley mediante el procedimiento de doble lectura. En mitad de ese proceso podían aparecer sorpresas como las relatadas en párrafos anteriores: si al subsecretario de turno se le ocurría no dictar la resolución de protección preventiva o al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales

–organismo ad honorem y bastante sui generis en su conformación– le parecía que el edificio no tenía valor, ni siquiera la Legislatura en pleno podía salvarlo.

La Ley 2548 estableció el criterio contrario. Todos los edificios que se encontraran dentro del polígono que se pretendía declarar como Patrimonio Mundial y que fueran anteriores a 1941 –este criterio se amplió luego a toda la ciudad–, los que estuvieran relevados como “representativos” por el Ministerio de Cultura, y los que hubieran obtenido Premios

Municipales, se presumía que podían tener valor, hasta que mediante un trámite breve no se demostrara lo contrario.

Esta ley y sus modificatorias plantearon entonces que determinados inmuebles, con características previamente establecidas, posiblemente tuvieran valor patrimonial, y que, por lo tanto, ameritaba otorgarles una protección preventiva. Esto no quería decir que todos los inmuebles anteriores a 1941 fueran valiosos ni que entre los posteriores a esa fecha no pudiera haber edificios que merecen ser protegidos.

La decisión de la jueza, que prohibió al Poder Ejecutivo porteño otorgar permisos de obra en edificios anteriores a 1941, se fundamenta en esta ley, y en que “de la lectura de los proyectos de ley agregados a fs. 46/69 se advierte que la catalogación de la totalidad de los inmuebles cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941, no se encuentra concluida”. Es decir que, por responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Urbano, no se ha concluido con el cometido de esa ley, y la jueza advierte que “la inminente expiración del sistema de protección de la Ley 2548 podría acarrear una desmedida solicitud de pedidos de demolición de inmuebles con el objeto de construir nuevos edificios”.

Lo que deja en claro el fallo es en primer lugar la responsabilidad del Estado en la protección del patrimonio arquitectónico, como parte integrante del derecho al medio ambiente, a pesar de que muchos aún piensan que se trata de una facultad discrecional y no de una obligación constitucional. El otro gran hallazgo de esta medida es que solicita

conocer el estado parlamentario de los proyectos de ley que se presentaron para prorrogar la Ley 2548. Es claro que si se comienzan a otorgar permisos de demolición sobre bienes amparados en esta ley, una vez más se estará impidiendo que los legisladores cumplan con su función natural. Finalmente, hay un detalle que no es menor. La jueza permite

que se autoricen obras sobre bienes que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales estime que no poseen valor patrimonial y la realización de intervenciones conservativas para garantizar la vida o la salud de las personas.

Pero seguramente advertida de la mala fama que se ganó el CAAP en los últimos tiempos y que los supuestos riesgos de derrumbe han sido la excusa perfecta para llamar a la Guardia de Auxilio y demoler edificios patrimoniales, es que en el mismo fallo exige que esas situaciones se le comuniquen al juzgado en el término de cinco días. No vaya a ser que el Poder Ejecutivo utilice esos mecanismos como válvula de escape para autorizarles demoliciones a los depredadores patrimoniales.

Alrededores de un amparo

2012-01-02T21:35:00.000-03:00

Pensamiento corporativo y los roles históricos de Ejecutivo,
Legislativo y Judicial ante el problema del patrimonio porteño.

Por Sergio Kiernan

Este fue un año realmente curioso para el patrimonio, con un viraje violento al final. Recorrer los temas de 2011 permite recordar que hubo relativamente pocas obras que saludar, que se perdieron batallas como la del lamentable Quartier San Telmo, que abundaron las obras clandestinas sin control. También hubo momentos de felicidad, como cuando se sancionó el Area de Protección Histórica en Floresta, un logro de un barrio alerta como pocos. Y también cuando Barracas, otro barrio que sabe organizarse, festejó la baja de alturas en treinta manzanas, salvando muchos edificios de una segura destrucción.

Las pérdidas se dieron en el Ejecutivo, las ganancias en el Legislativo, ya que el primero sigue negándose a controlar a su industria favorita, la de la construcción, y el segundo es el ámbito donde los vecinos se hicieron oír. Por eso se lograron leyes que preservaran lo nuestro y se perdieron edificios por falta de inspectores y de vocación para que se cumplan esas leyes.

No extraña que la gran batalla final de este año se diera por orden del Ejecutivo en el Legislativo, y terminara en la Justicia.

Mauricio Macri decidió librarse del débil y flaco sistema que protege hasta esta noche a las doce el patrimonio edificado de su ciudad.

Según los mismos macristas, lo hizo energizado por su triunfo electoral y para despejar “molestias”. El sistema vigente, el de la Ley 2548 primero y 3056 después, implicaba que los agentes inmobiliarios de Macri no podían autorizar demoliciones por ventanilla, directamente ante el Ejecutivo.

Por primera vez en la historia, el patrimonio tenía un status legal diferente al de otros edificios por el solo hecho de ser patrimonio.

El límite fue el primer día de 1941, con todo lo anterior sometido a un trámite especial En estos cuatro años, la pelea del macrismo contra el patrimonio y por la industria inmobiliaria en su expresión más vandálica fue de retaguardia. El órgano encargado de revisar los casos de demolición, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, siempre fue una suerte de comedia, brutalmente parcial a la piqueta y rellenado de incondicionales del gobierno –funcionarias de carrera– o personas muy afines a la industria.

No extraña que menos de un veinte por ciento de los edificios considerados fuera girado a la Legislatura para su consideración. De hecho, las críticas a la desprolijidad, arbitrariedad y hasta ilegalidad de las decisiones del CAAP fue uno de los temas del año.

Se ve que el trámite y la posibilidad de uno en cinco de que un edificio fuera protegido molestaban a los amigos del gobierno porteño. Macri tiene una sola profesión, la de constructor, y toda la cadena de mando –como se anunció con orgullo allá en 2007– es de “gente de la industria”.

Es evidente que las quejas fueron escuchadas y este año el mismo jefe de Gobierno ordenó tumbar la ley, que tenía que ser

renovada cada diciembre. No salió bien: la falta de cuadros del PRO ya es proverbial y le encargaron el tema a ese hombre tan poco sutil en el armado llamado Cristian Ritondo.

Fue un papelón innecesario, con los diputados propios yendo a la reunión de la Comisión de Planeamiento y retirándose sin firmar, cosa de matar administrativamente el proyecto de renovación.

No lo anunciaron, no lo negociaron, no lo armaron. Simplemente lo hicieron. El diputado PRO Patricio Di Stefano, que

presidió hasta hace días la misma Comisión de Patrimonio de la Legislatura, firmó el despacho. Los gritos de Ritondo se escucharon de lejos, hasta humillar a Di Stefano haciéndole retirar la firma.

Un triste final de gestión para un diputado que logró el APH de la City y la ampliación del APH 1 San Telmo.

Tanto secreto y tanto grito irritaron a propios y ajenos. Llovieron críticas y proyectos de renovación, y María José Lubertino presentó con Martín Hourest un proyecto para catalogar simplemente todo lo anterior a 1941.

Con el fallo de la Cámara de 2007, el Ejecutivo no puede permitir demoliciones de absolutamente nada hasta que el Legislativo

resuelva el tema.

Nada de esto importó, porque la movida era esencial. Tanto que hasta se pasaron de indiscretos. Por ejemplo, el jueves 22, el presidente de la Comisión de Ejercicio Profesional de esa institución tan representativa de la industria, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, abrió el encuentro habitual con un tirón de orejas. “Daniel Chaín me retó

porque no salimos desde la corporación a apoyar el fin de la Ley de Patrimonio”, dijo el presidente de la comisión. Daniel Chaín, se sabe, es el ministro de Desarrollo Urbano porteño, un arquitecto y constructor en actividad que no ve conflicto de intereses en dirigir su empresa abierta y seguir trabajando como funcionario. El reto del ministro al CPAU no fue bien recibido, y colegas más maduros y equilibrados le explicaron al presidente de la comisión que ellos no hablan por ninguna corporación y no tenían por qué apoyar al gobierno porteño.

El viernes pasado, el tema llegó a la Justicia. La jueza Andrea Danas mandó parar con un fallo muy inteligente y sutil, que analiza en estas páginas Facundo de Almeida.

Este martes, el caso fue sorteado al juez Hugo Zuleta, que al cierre de esta edición todavía no había decidido, Zuleta es un juez independiente y de pocas pulgas con las mañas del gobierno, y es el hombre que le embargó el sueldo a Macri por dar largas en los arreglos del Parque Lezama y le cobró 10.000 pesos de multa a un funcionario que no entregó a tiempo un informe requerido.

Con lo que el tema pasa por los tres poderes y, como en 2007, los ciudadanos nos sentimos protegidos por el instituto del amparo frente al poder de un gobierno que defiende una industria y nonuestros intereses.

VENCIÓ EL PLAZO Se ratificó la protección a los edificios anteriores a 1941

2012-01-02T21:29:00.000-03:00

La Ciudad no apeló y las construcciones quedaron protegidas por la ley anterior.

Por Clarisa Ercolano

Un día antes de Navidad, seis asociaciones civiles que, entre otras cuestiones se encargan de velar por la preservación del patrimonio, elevaron un recurso de Amparo en ese sentido. El Gobierno de la Ciudad no apeló y, de esta forma, el dictamen de la jueza en lo contencioso administrativo tributario Andrea Danas quedó firme. Desde ahora, el ejecutivo porteño tiene prohibido absolutamente dar permisos de demolición o reformas en edificaciones anteriores a 1941.

Basta de Demoler, Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y Protocomuna Caballito, fueron las ONGs que motorizaron el reclamo.

En estos últimos 4 años se recibieron más de 5 mil pedidos de demolición de los cuales, más de 4 mil fueron aceptados. Como contrapartida, apenas 989 edificios fueron “protegidos”.

Ahora, el amparo aclara expresamente que el Ejecutivo “se abstenga de autorizar ninguna demolición en el universo entero de edificios anteriores a 1941”, unos 140.000 inmuebles aproximadamente. La magistrada, aceptó el argumento de urgencia y se expidió.

Ahora, si desde el oficialismo se quiere demoler edificios que superen los 70 años de antigüedad deberá remitirlos al Consejo Asesor y respetar su fallo. Danas agregó la orden de que en un plazo no mayor a cinco días se le comunicara todo trámite que así sea manejado

El plazo para apelar venció y los edificios anteriores a 1941 quedaron protegidos por la ley anterior. Prohibición para demoler.

2012-01-02T09:42:00.000-03:00

Por Sergio Kiernan

El amparo presentado el viernes 23 de diciembre por las seis principales ONG de defensa del patrimonio no fue apelado por el gobierno porteño. La inesperada ausencia hace que lo dispuesto originalmente por la jueza Andrea Danas quede en firme. Se trata nada menos que una prohibición absoluta al Ejecutivo de la Ciudad de dar permisos de demolición o reforma. De hecho, la jueza le ordenó al gobierno porteño cumplir la ley de protección de patrimonio que el PRO se encargó de no renovar a fines de año y que venció a la cero hora del 1º de enero.

María Carmen Usandivaras, letrada del grupo Basta de Demoler, presentó el amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y Protocomuna Caballito, con el apoyo de varias organizaciones de San Telmo, La Boca, Boedo y otros barrios. El recurso se originó en un drástico cambio de política del macrismo en la Legislatura, que súbitamente se negó a renovar el procedimiento especial que protegía, de una manera tenue y cuestionable, los edificios de la ciudad anteriores a 1941.

Este sistema había surgido en diciembre de 2007, con el macrismo recién llegado al poder, como una manera de calmar la por entonces novedosa causa por el patrimonio. La flamante Basta de Demoler había ganado un amparo que le impedía al Ejecutivo autorizar demoliciones de edificios que el Legislativo estaba considerando proteger. El amparo había sido sostenido en la Cámara porteña y los patrimonialistas habían sorprendido mostrando una capacidad de movilización y un impacto en los medios inesperados.

Macri no quería arrancar su gestión con el tema explotando, con lo que el PRO aceptó una idea de la entonces diputada y presidente de la Comisión de Patrimonio Teresa de Anchorena. El procedimiento especial se aplicaba a edificios anteriores a 1941, que ya no podían ser demolidos “por ventanilla”, sino que tenían que ser vistos como piezas de posible valor arquitectónico, cultural o social. La revisión quedaba a cargo de un ente poco conocido, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.

En estos cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, liberó 4253 y recomendó a la Legislatura que catalogara apenas 989 edificios. Cada año, el régimen fue renovado sin mayores discusiones, pese a la manifiesta hostilidad de los desarrollistas inmobiliarios y las críticas por la facilidad con que se autorizaban demoliciones de las ONG. Este año, las cosas cambiaron.

El PRO, según dijeron abiertamente varios de sus legisladores, recibió la orden “directo de Macri” de bloquear la renovación de la ley. Cristian Ritondo fue el encargado de la operación, que consistió simplemente en no firmar el despacho correspondiente en la Comisión de Planeamiento –paso que impide que un proyecto sea votado– y en disciplinar a los gritos a quienes se retobaron. Varios intentos de negociar un cambio de actitud, desde la oposición y desde dentro del bloque, fallaron ante la cerrada negativa de reconsiderar la “orden”.

Con lo que las ONG presentaron el amparo, que pide que el Ejecutivo se abstenga de autorizar ninguna demolición en el universo entero de edificios anteriores a 1941, unos 140.000 inmuebles que representan menos del 20 por ciento de la ciudad construida. Por turno, el caso fue visto por la jueza en lo contencioso administrativo tributario Andrea Danas, que aceptó el argumento de urgencia y se expidió al final del mismo día. Danas argumentó en su precautelar que efectivamente es el Legislativo el que debe determinar qué pasa con el patrimonio entero de Buenos Aires, que este sábado a medianoche se quedó sin ley.

La jueza permitió al Ejecutivo un solo mecanismo posible para que se destruyan edificios anteriores a 1941, que es exactamente el que marca la ley que el PRO bloqueó. Si el macrismo quiere que se demuelan edificios de más de setenta años, deberá enviarlos al Consejo Asesor y respetar su fallo. Danas agregó la orden de que en un plazo no mayor a cinco días se le comunicara todo trámite así manejado.

El martes 27, el primero laborable después del receso de Navidad, el caso fue sorteado, paso procesal habitual cuando un amparo es dictado por un magistrado de turno. El tema recayó en el juzgado 10, a cargo del juez Hugo Zuleta, cuyo nombre seguramente es recordado por el mismo jefe de Gobierno. Es que este juez fue quien recibió, todavía en tiempos de Aníbal Ibarra, un amparo presentado por los vecinos de San Telmo/Barracas por el abandono en que estaba el Parque Lezama. Tras interminables apelaciones y vueltas legales, la Cámara confirmó el fallo a favor de los vecinos y ordenó las obras.

Mauricio Macri en persona anunció un plan en tres etapas para restaurar y enrejar el parque, construirle una bicisenda y renovar los juegos. Lo que el jefe de Gobierno no hizo fue pagar la multa de cien pesos diarios que corría desde febrero de 2007, con lo que en 28 de octubre de 2008 se encontró con su sueldo embargado por Zuleta.

Esta vez, el juez se quedó esperando el escrito de la Procuración que, insólitamente, no llegó en el plazo procesal debido. El amparo, hasta ahora una precautelar, quedó entonces en firme.

Flores y Floresta: estrategias de termita

2012-01-02T09:38:00.002-03:00

Los fines de semana largos son utilizados para derribar casas que están protegidas o para reformar las fachadas históricas y convertirlas en locales comerciales.

Notas relacionadas

Políticas públicas que parecen negocios privados

Edificios que se demuelen a escondidas. Nuevas demandas habitacionales. "De la demolición de la casa de Alfonsina nos enteramos por los medios. Fue un insulto", comenta Santiago Pusso, vicepresidente de la ONG Basta de Demoler.

La metodología utilizada en Flores y Floresta cuando se demuele algo en forma ilegal es aprovechar un fin de semana largo. "Nosotros temblamos, los vecinos están en alerta recorriendo, porque siempre las demoliciones sorpresivas e ilegales se hacen en fin de semana o fin de semana largo" comenta el arquitecto Gabriel de Bella, secretario de la Asociación Civil Salvar a Floresta. Otra estrategia es la denominada "proceso de termita"; cuando un propietario quiere vender un inmueble que tiene valor patrimonial se estila sacarle el techo, de esta manera se va mojando y se arruina por adentro. Luego, se hace la presentación de demolición y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, al ver todo destruido, autoriza su demolición.

Flores y Floresta tienen situaciones similares. Hoy Flores sufre demoliciones por dos frentes: el lado este de la avenida Nazca que, con la llegada del subte, están destinadas a construir grandes torres. Del lado oeste se está produciendo otra mutilación de la fisonomía urbana producto del centro comercial Avellaneda. Según explicó a Diario Z De Bella, "arrancó siendo eso pero se degeneró con la proliferación de talleres clandestinos, que violan las normas urbanas." Salvar a Floresta nació en 2009, cuando una empresa constructora proyectó una gran torre al lado de una casita. La torre finalmente se construyó pero los defensores del patrimonio le encontraron la parte positiva: "Me sirve como mirador. Voy hasta el piso doce y desde ahí veo todos los centros de manzanas". En la zona oeste de Flores y Floresta se están invadiendo los centros de manzana, desde donde avanzan hasta llegar a los locales. Otro problema es que los fines de semana largos son utilizados para cambiar completamente el frente de una casa e instalar persianas para armar un local. "Nos destruyen todo para hacer persianas metálicas", se queja De Bella.

El primer logro de esta asociación fue salvar el Castillito de la calle Dolores 438, Una casona antigua, de estilo ecléctico. Apareció el cartel de venta y los vecinos se pusieron a trabajar. El terreno valía un millón y medio de dólares, pero la casona se terminó vendiendo a seiscientos mil. "¡Y encima no se la puede tocar! Fue nuestra primera gran satisfacción."

Tanto Flores como Floresta tienen sus áreas de protección histórica (APH), con el correspondiente catálogo de los inmuebles protegidos. No fue fácil para Floresta conseguir ese APH porque se argumentaba que el barrio no "merecía" tener un área protegida, las áreas de protección histórica apuntaban a barrios como Barrio Parque, Recoleta, antiguos edificios y grandes caserones, "y no un barrio bajo de casitas antiguas de tipo chorizo".

El radio turístico que propone hoy la ciudad es muy acotado. "Para alguien que viene de afuera, el diseño de Flores es maravilloso pero no es tenido en cuenta" afirma De Bella. Es un pequeño pueblo que quedó dentro de la ciudad, con su plaza central, la estación de tren el colegio y la iglesia.

Muchos lugares emblemáticos han sido demolidos. En Flores, las casas de Baldomero Fernández Moreno y Conrado Nalé Roxlo fueron demolidas. En Floresta, tiraron abajo, hace más de veinte años, la casa de Alicia Moreau de Justo. La casa de Hugo del Carril tampoco tuvo suerte. La casa de Alfonsina es la herida más reciente al patrimonio.

A pesar de todo, la lucha sigue. Se preservó, por ejemplo, el empedrado de la calle Bacacay que tiene más de cien años. "Por esas calles caminaban Roberto Art y Baldomero Fernández Moreno. Queremos preservar el paisaje. Si los ladrillos pudieran hablar, hablarían de ellos."

DZ/km

Ana Isabel Guérin Redacción Z

RESPUESTA A PIERINI

2012-01-02T09:36:00.002-03:00

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2011

Mediante la presente queremos expresar nuestro rechazo a los conceptos vertidos por la Defensora del Pueblo, Sra. Alicia Pierini, en una nota de opinión de Noticias Urbanas publicada el pasado martes 27.

En su calidad de Defensora del Pueblo de la CABA debería defender los “derechos difusos de incidencia colectiva”, que es la razón de ser de sus funciones.

Consideramos de gravedad institucional que un funcionario público exprese de manera abierta su apoyo a sectores corporativos con los cuales tiene vínculos familiares, provocándose un verdadero conflicto de intereses. A ella le caben las mismas inhabilidades e incompatibilidades de los jueces.

Las organizaciones no gubernamentales que recurrimos a la Justicia lo hicimos amparados por los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, los datos expuestos por la Sra. Pierini son erróneos y confusos.

Esperamos la rectificación que pueda subsanar la institucionalidad del prestigioso organismo que conduce, que en varias oportunidades ha brindado su colaboración a las organizaciones del sector civil.

BASTA DE DEMOLER – ASOCIACION CIVIL

La justicia ordenó al Gobierno Porteño que evite la demolición de edificios anteriores a 1941

2012-01-02T09:33:00.000-03:00

Diciembre 26, 2011 por cpphc

La Justicia porteña concedió el amparo que pidieron las seis mayores ONG de defensa del patrimonio edificado. La medida precautelar, que prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941, fue emitida en cuestión de horas por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Tributario Andrea Danas. En los próximos días, luego de que se compruebe que no hay otras causas similares, el amparo será sorteado nuevamente para un fallo definitivo.
La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por María Carmen Usandivaras, la letrada de Basta de Demoler, la organización civil que presentó el pedido de amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y la Protocomuna Caballito, con apoyo de varias ONG de Boedo, San Telmo, La Boca y otros barrios. Fue por eso que citó a los peticionantes al final de la tarde y a las 21 horas les comunicó formalmente que había emitido una precautelar prohibiendo las demoliciones.
La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital. Estos edificios cuentan hasta el próximo sábado a las 24 horas con un régimen especial, creado en diciembre de 2007, que impide que sean demolidos “por ventanilla”. El trámite para edificios de esta antigüedad implica que los expedientes sean revisados por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que puede “desestimarlos” y autorizar su destrucción o girar la carpeta a la Legislatura, recomendando su catalogación definitiva. En cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, permitió 4253 y recomendó la catalogación de apenas 989 edificios.
La jueza Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941. Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad.

Respuesta a la Defensora del Pueblo de la Ciudad

2012-01-02T09:30:00.000-03:00

de Enrique Viale, el jueves, 29 de diciembre de 2011 a la(s) 9:17

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011

Por: Enrique Viale, Sebastián Pilo y Jonatan Baldiviezo *

- LA "DEFENSORA" Y LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA -

La "Defensora del Pueblo de la Ciudad", Alicia Pierini, acaba de pronunciarse -en el sitio web de su propiedad “Noticias Urbanas”- opinando en defensa de la piqueta, la especulación inmobiliaria y la construcción indiscriminada (ver nota "Corralito Inmobiliario" [1] ). Es de una gravedad institucional inusitada, teniendo en cuenta que su misión es defender los intereses generales, y no intentar presionar a la Justicia saliendo en auxilio de intereses particulares.

Lo que no se animaron a decir ni el Gobierno de la Ciudad, ni las Cámaras Empresariales, ni las corporaciones profesionales, lo hizo la “Defensora del Pueblo”. La especulación inmobiliaria agradecida.

La nota de opinión está llena de inexactitudes, o simples mentiras. Por ejemplo, opina la “Defensora” que la Justicia "ordenó al Poder Ejecutivo la suspensión del otorgamiento de permisos de obra o demolición respecto de la totalidad de los inmuebles anteriores al 41 sean o no de valor patrimonial". La señora Pierini no leyó la sentencia que critica. De hacerlo, hubiera evitado malinformar a la sociedad, ya que la medida judicial establece en forma expresa que los inmuebles que no presenten valor patrimonial estarán exentos de la prohibición, mediante un simple dictamen en tal sentido del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Hace años (desde el 2007) que ese mismo procedimiento está vigente en la Ciudad (en virtud de la Ley Nº 2.548, sus prórrogas y modificatorias), sin que cause ninguno de los males que se anunciaron antes de que comience su funcionamiento, y que ahora se vuelven a agitar desconociendo la historia.

Con argumentos que rememoran sus épocas de funcionaria menemista, la “Defensora” hace un llamamiento -casi desesperado- a la “seguridad jurídica”, omitiendo que ésta también es para los ciudadanos en general: seguridad jurídica de que sus derechos a un ambiente sano, a la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural sean respetados. En lugar de esta seguridad jurídica, Pierini prefirió defender sólo la de los negocios.

Desinforma también Pierini cuando sostiene que "La Legislatura -representantes del pueblo- tuvo la cuestión en sus manos y tomó la decisión de no seguir prorrogando la ley 2548". La Legislatura no tomó ninguna decisión sobre este tema, no hubo decisión mayoritaria alguna al respecto. Las medidas de dicho cuerpo legislativo se adoptan mediante leyes, resoluciones o declaraciones, y ninguna de ellas ha sido dictada por el Poder Legislativo local. Lo que hizo la Legislatura es justamente omitir adoptar una decisión, aunque aún tiene tiempo para hacerlo, debido a que los 6 expedientes con proyectos de ley que se refieren al tema -en sentido similar al pretendido por la acción de amparo- se encuentran plenamente vigentes y con estado parlamentario (hay proyectos de diputados/as del FAP, del FPV, de la CC, de Proyecto Sur y del PRO, entre otros).

Luego sostiene la “Defensora” que "La inmensa mayoría de lo anterior al 41 con valor histórico o arquitectónico ya ha sido catalogado y por tanto protegido". Muestra aquí Pierini un gran desconocimiento del tema, o simplemente miente. El Gobierno de la Ciudad debió hacer un relevamiento completo de los inmuebles anteriores a 1941 y determinar, en cada caso, si los mismos poseían o no valor patrimonial. Pero como es costumbre, el Gobierno omitió cumplir su deber. De manera que existen decenas de miles de inmuebles cuyo valor patrimonial no ha sido determinado. Tanto es así, que se hicieron públicas en el último tiempo una importante cantidad de demoliciones de edificios que jamás debieron ser destruidos, y que la “Defensora” no puede desconocer. Si para muestra basta un botón, puede la “Defensora” darse una vuelta por lo que fue la casa de Alfonsina Storni, hoy víctima de la piqueta que defiende Pierini. Le podemos alcanzar cientos de otros casos si quisiera instruirse al respecto.

“Despidos en masa”, “crisis económica del sector”, son sólo algunos de los otros dislates que irresponsablemente lanza la “Defensora”, replicando los mismos argumentos que usan los que desmontan los bosques nativos o los voceros de la megaminería cuando pretenden destrozar glaciares de nuestra Cordillera. Hay que recordarle a Pierini que el boom inmobiliario en la Ciudad se dio justamente durante los años de vigencia de la Ley Nº 2.548 -que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial-, el cual la medida judicial en forma análoga ordena.

Es alarmante que la “Defensora” desconozca la Constitución de la Ciudad que obliga a todos sus funcionarios -sobre todo a ella- a promover “… La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico…” (Art. 27 CCABA). Juró hacerla cumplir cuando asumió, como también defender los intereses generales y no el interés particular del lobby inmobiliario.

Este amparo, es cierto, nunca debió haber sido presentado por organizaciones especializadas y vecinales. Ante el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad, la acción judicial debió haber sido iniciada por quien tiene mandato constitucional para ello: la “Defensora”. Nuestra acción es consecuencia de su omisión.

Resulta lamentable que, teniendo la posibilidad de defender los intereses del Pueblo, haya privilegiado los negocios de la corporación inmobiliaria. Alicia Pierini puede defender los intereses comerciales de quien se le antoje, la Defensora del Pueblo de la Ciudad NO!

* Abogados en la causa “Asociación Civil Basta de Demoler y otros c/GCBA s/ AMPARO (art. 14 CCABA)” donde se dictó la medida cautelar aludida. (ver: http://www.cij.gov.ar/nota-8476-Fallo-promueve-la-proteccion-del-patrimonio-historico-de-la-Ciudad.html )

[1] Nota de opinión que da origen a esta respuesta en el siguiente link: http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=adcd5b9610d098fc96b32331facd6a6d

- Para enviar adhesiones: enriqueviale@yahoo.com.ar

Adhesiones:

AMAC_ RMN Asociacion Medio Ambiente & Ciudad Región Metropolitana Norte.

Amigos del Parque Central

Asociación Amigos del Lago de Palermo

Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

Asociación Civil Amigos del Parque Los Andes

Asociación Civil por la Reserva

Asociación Vecinal Lago Pacífico

Colectivo por la Igualdad

Comisión de Vecinos de la calle Irala y Adyacencias

Con-Vocación Barrial (Ciudadanos de Parque Chacabuco)

Mutual P.R.I.S.M.A.

Palermo Despierta

Proteger Barracas

Proyecto DES-LIMITES

SOS Caballito

Vecinos por el 25 de Mayo

Carlos Norryh

Cira Szklowin (Planificadora Urbana y Regional)

Cecilia Alvis (Arquitecta)

Enrique Cordero Arias

Proto Comuna Caballito

y siguen las adhesiones...

Demoledores vs. protectores

2012-01-02T09:25:00.001-03:00

29/12/2011

POR MIGUEL JURADO * - mjurado@clarin.com

Frente al inminente vencimiento de la ley 2.548 de protección de los edificios anteriores a 1941, se dictó una medida precautelar que busca impedir nuevas demoliciones. Hay voces a favor y en contra.

Ayer me llamó mi amigo Gastón desesperado. “No se va a poder construir más nada en Buenos Aires”, me gritó por el teléfono como si le hubieran robado el arbolito de Navidad. Apenas se calmó, llegué a entender que estaba caliente porque una jueza prohibió la demolición de edificios anteriores a 1941 hasta que se trate la ley que reglamenta los derribos de edificios de más de 70 años. “Bueno, tranqui, eso se va a arreglar”, intenté calmarlo. “Qué tranqui ni tranqui, iba a construir un edificio en la casa de mis abuelos y ahora, todo para atrás”, me dijo y empezó con su clásica defensa de la libertad de mercado y el rosario anti regulaciones porque resultan dañinas para los negocios, el crecimiento y el progreso de la ciudad (en ese orden).

“El constructor me dijo que esperáramos a fin de año para hacer la demolición y ahora intervino una jueza. En este país no hay seguridad jurídica. Así no va a invertir nadie. Están judicializando la economía”, tiró. Su recital de lugares comunes colmó mi paciencia. Tratando de conservar el espíritu navideño de las festividades, quise explicarle que la medida cautelar impide lo que sería el Festival Veraniego de la Picota; porque, desde 2007, la Ley 2548 protege a los edificios construidos antes de 1941 y ahora, al terminarse la norma y sin una que la sustituya, propietarios y desarrolladores aprovecharían esta suerte de “piedra libre” para derribar todo, no sea cosa que en cualquier momento vuelvan a controlar las demoliciones. “Para las autoridades ya se hizo una buena catalogación de los edificios que merecen conservarse”, contraatacó Gastón. “Sí –le dije–, pero para algunos vecinos no alcanza con haber protegido el 5 % de los 130 mil inmuebles involucrados”. Me cortó en medio de la explicación del valor social del patrimonio arquitectónico y la identidad urbana.

Me quedé pensando en que Buenos Aires debe tener unas 12 mil manzanas y de que la Ley 2548 estuvo vigente más de cuatro años, tiempo suficiente como para consensuar con vecinos y especialistas qué edificios proteger. Y otra cosa, al tipo que no le dejan derribar su casa porque tiene un valor patrimonial, debería compensarlo de forma concreta. A todos nos gusta Buenos Aires, pero no es justo que el esfuerzo de su conservación lo paguen algunos.

En ese momento me llamó El Cuervo: “Che, recién me llamó Garcón (así lo llama por su legendario egoísmo), está como loco porque no le dejan demoler la casa de la abuelita ¡Ja!”. Noté un toque irónico en sus palabras, creo que lo disfrutaba. Después siguió argumentando en contra de las demoliciones: “No puede ser que sigan derribando el patrimonio de la ciudad, corrompiendo su identidad urbana, la codicia del negocio está terminando con joyas de la arquitectura…”. Hasta ahí lo aguanté. Una mezcla de sentido de la justicia y culpa por lo mal que había tratado a Garcón (perdón, Gastón) me empujó a condenar los criterios ultra conservadores que piensan que la mejor arquitectura es la de nuestra oligarquía. Le dije que frenar las demoliciones de edificios anteriores al 41 es tan arbitrario como proteger a los del 45, 42 o 63. Que circunscribir la preservación a una fecha y un puñado de edificios no tiene ningún criterio urbanístico. Qué lo que hay que conservar es el entorno urbano de un lugar o de un barrio, proponer normas de edificación que lo mejoren, ordenen o refuercen su carácter. “Conservar por conservar es reflejo del miedo al cambio”, le tiré y eso le dolió en el alma porque El Cuervo es un revolucionario en estado vegetativo. Lo que vino después es irreproducible, bajo el título: Vos no me vas a decir a mí que soy un conservador, se despachó de tal manera que al cortar, me quedó la sensación de que con el tema de la preservación, había perdido dos amigos, uno por derecha y otro por izquierda.

Los damnificados del derrumbe en Villa Urquiza exigen ayuda

2012-01-02T09:19:00.000-03:00

A un año y cuatro meses de la tragedia, no hay procesados en la causa

Por Laura Rocha | LA NACION

"Tenía una vida armada y funcionando, tenía un laburo que me permitía vivir y era mi vocación, y no lo tuve más. Hoy estoy sobreviviendo. Estuve mucho tiempo para recuperarme, salí con una costilla fracturada y un pulmón perforado. Pero tal vez lo que más me cuesta es la cuestión psicológica", cuenta Pablo Galli, el dueño del gimnasio en Villa Urquiza que se derrumbó cuando se trabajaba en una obra lindera y que dejó tres muertos.

Hoy, un año y cuatro meses después de aquella tragedia, no hay procesados en la causa que investiga el derrumbe. Los damnificados directos tampoco recibieron ninguna ayuda por parte del Estado.

A diferencia de lo ocurrido con los vecinos de otro predio derrumbado, el de Bartolomé Mitre 1232, en el caso de los damnificados de Villa Urquiza no hubo subsidios ni refugios, ni siquiera llamadas desde el gobierno porteño para ver cómo se encontraban.

"El día del derrumbe, después de que me encuentran bajo los escombros, me llevan al Hospital Fernández y después me derivan al Hospital Italiano. Nunca más recibí ninguna comunicación del gobierno de la ciudad ni de nadie. No me llamaron ni para saber cómo estaba", le dijo Galli a LA NACION.

Galli es profesor de gimnasia y, de a poco, volvió a trabajar como personal trainer. A causa del derrumbe, perdió a tres de sus amigos: Maximiliano Salgado, Guillermo Fede y Luis Lu.

"Cada vez que en la tele veo algo [del derrumbe en Bartolomé Mitre 1232], cambio el canal. Me dolió muchísimo que había una persona desaparecida y ni siquiera estaban buscándola, tal vez a esa persona le pasaba lo mismo que a mí y no fue nadie. Eso no me entra en la cabeza. Me imagino a mí mismo cuando rezaba para que me siguieran buscando y me encontraran", dice.

Wang Lu, madre de Luis, está muy angustiada: "El gobierno no da la cara ni se ha acercado ni ha hablado por teléfono. Cuando vi el derrumbe de Bartolomé Mitre, me pareció que revivía lo que nos pasó. Sin control, sin respuesta, sin nada. No sé cómo va a seguir nuestra vida, estamos sufriendo muchísimo".

"Lo peor es que se trata de otro hecho totalmente evitable. Pasaron 16 meses. Tienen que controlar, hacer estudios más profundos, parece que la vida de la gente del pueblo no vale nada. Mi hijo era un estudiante brillante, trabajador, muy bueno para el futuro del país. Así, diariamente nos siguen matando", agregó.

En la causa penal por el derrumbe, la juez Fontobona de Pompo (Instrucción N° 45), en febrero de este año, procesó al ingeniero Heyaca Varela, al titular de la empresa constructora Daniel Menta y al titular de la firma dueña de la máquina retroexcavadora José Pataro. Al mismo tiempo, dictó falta de mérito para César Armando Colovini y Juan Domingo Aslla, los dos operarios que manejaban la retroexcavadora al momento del desastre.

Sin embargo, en marzo pasado, la Cámara revocó los procesamientos y pidió un peritaje, en curso desde entonces.

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE

Las víctimas del derrumbe de Bartolomé Mitre, ocurrido a principios de noviembre, recibieron la Navidad en la vereda. Aunque el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y su gabinete fueron invitados, ellos la pasaron solos. Es que, a pesar de que la Legislatura sancionó una ley por la que indemnizaría a los propietarios e inquilinos del cuerpo del edificio que se cayó hace más de un mes, aún no han cobrado ni un peso.

"Lo peor es que no sabemos, ni siquiera aproximadamente, cuándo vamos a cobrar. Nos hablan del subsidio de 70.000 pesos, pero eso es para comprar lo que tendrá el nuevo departamento. Dónde voy a poner lo que compre si no tenemos dónde vivir", se pregunta Mónica Nizzardo, que había firmado la escritura de su departamento una semana antes del derrumbe.

Según la norma, el gobierno pagaría US$ 1750 por metro cuadrado a cada propietario. Anteayer empezaron a convocar a las víctimas para firmar el acuerdo. Sin embargo, hubo varios vecinos que no están conformes, ya que no se incluyó en la ley las eventuales causas que les pudieran imputar a los damnificados por daños a terceros..

PROYECTO SUR EXIGE AL JEFE DE GOBIERNO QUE CONCRETE EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL

2012-01-02T09:12:00.002-03:00

El Bloque de Proyecto Sur en la Legislatura de la ciudad destacó el fallo judicial que mantiene la protección a los edificios porteños de más de 70 años, que el macrismo había decidido dejar sujetos a la posibilidad de demoliciones sin consulta a partir del 1ro de enero.

La jueza Andrea Danas aceptó el pedido de amparo presentado por organizaciones vecinales una vez que el oficialismo de la ciudad no quiso tratar la prórroga de la ley 2.548, que dispone hasta el 31 de diciembre la protección de los edificios anteriores a 1941.

“Es un triunfo contra los negocios inmobiliarios ocultos que amenazan a nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, y una nueva exigencia al Jefe de Gobierno, en la que insistimos, para que haga de una vez por todas el inventario de ese patrimonio, que viene postergando cada año” dijo Julio Raffo, presidente de Bloque.

"La Ciudad de Buenos Aires tiene un patrimonio urbano y arquitectónico de gran valor que forma parte de su identidad", explicó Adrián Camps, autor de un proyecto de ley que establece el relevamiento de todos los edificios que no se hayan estudiado hasta el momento. "La cantidad de demoliciones y obras que se están realizando en la ciudad hace que esta tarea sea urgente y por eso el proyecto establece el término de un año para la ejecución del inventario; además de la colaboración de instituciones académicas, juntas de estudios históricos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos y organismos afines", agregó.

Buenos Aires: Demoliciones marca Macri

2012-01-02T08:56:00.000-03:00

Por Aníbal Gotelli (Presidente del Instituto para Pensar Buenos Aires –IpeBA-)

Para construir hay que demoler. Y las empresas constructoras, dueñas del boom inmobiliario que actualmente vive nuestra Ciudad de Buenos Aires y muchas de ellas socias, amigas o carapantalla de la actual administración macrista y de su jefe político, necesitan desesperadamente de más y mayor espacio para seguir construyendo sin ton ni son en el paisaje porteño.

Torres y más torres, amorfas, sin estilo, sin aire y sin luz, con medianeras pegadas y hasta encabalgadas unas con otras, edificios entrando adentro de edificios, y piletas y otras “amenidades” que casi no pueden usarse por la sombra que le causan los otros edificios vecinos y colindantes.

Más torres y las misas cloacas. Más torres y el mismo tendido hidráulico. Más torres y más ocupantes y más cables de televisión por cable surcando de poste a poste, de una vereda a la otra, casi todas las calles de Buenos Aires.

Un mamarracho. Eso se está convirtiendo nuestra Ciudad: en un mamarracho. Un mamarracho sin sentido urbano, sin sentido urbanístico, sin planificación, en la que el pensamiento parece haber cedido espacio, definitivamente, a la dictadura de la pura razón mercantil del negocio de la construcción y de la venta inmobiliaria.

Una ciudad de edificios amorfos, sin estilo, sin ningún parámetro ordenado en razón de un planeamiento urbano integral.

También en materia edilicia, necesitamos una Ciudad que nos contenga a todos pero con respeto, higiene, iluminación, aire, sol y servicios suficientes para todos; pero además respetando aquellas construcciones que tienen alto valor histórico o arquitectónico.

Buenos Aires no sólo fue el faro cultural, político, social, económico y comercial de América latina. Nuestra Ciudad fue, además, una de las más bellas, modernas y reconocidas ciudades del mundo por su arquitectura, por el talento de sus arquitectos, ingenieros y decoradores y por tener la mayor y más bella cantidad de edificios, casas, petit-hoteles y palacios de toda América Latina.

Sin embargo, nada impidió que la voracidad de inmobiliarias, constructores y carapantallas cercanas al poder macrista se lanzase a demoler todo cuanto se interponga ante su voracidad mercantil.

De una vez por todas debemos sustituir el concepto de MÁS por el de MEJOR. No queremos solamente más edificios, sino mejores edificios. No podemos seguir construyendo más edificios con la misma cantidad de cloacas. No podemos seguir construyendo más edificios destruyendo el patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra Ciudad.

Contrariamente a lo que tendría que haber sido una política estable de protección edilicia del propio estado porteño, fue necesario que varias organizaciones no gubernamentales porteñas se pusiesen al frente de una lucha por rescatar y conservar nuestras construcciones emblemáticas y que una jueza porteña valiente dictase una medida sin precedentes para lograr que las mejores y más bellas construcciones de nuestra Ciudad no caigan víctimas de la demolición.

La acción incansable, decidida, tenaz y profesional de asociaciones como “Basta de Demoler” y “Proto Comuna Caballito” entre otras, tornaron posible que la Jueza Andrea Danas, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 hiciese lugar a un recurso de amparo por el que se prohíbe la demolición de edificios construidos antes de 1941 hasta que la Legislatura porteña se avenga a tratar el tema de fondo. No está demás recordar que este año la Legislatura de nuestra Ciudad decidió no renovar una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural de construcción anterior a 1941.

Esta medida fue necesaria porque dentro de pocos días, el 31 de diciembre, pierde vigencia la ley 2548 que había establecido un procedimiento especial para la protección de dichas construcciones, y en virtud de ello, corrían peligro unos 140.000 edificios de gran valor arquitectónico, artístico y patrimonial.

La jueza Danas a quien tuve el gusto de tratar un par de veces en este último tiempo en algunos encuentros académicos, vuelve a dictar una medida valiente, justa y sobre todo, ajustada al más puro y simple derecho del sentido común. La doctora Danas vuelve a demostrar, una vez más y como en otros casos de protección de menores y de adictos en los que ha dictado sentencias memorables, que cuando la Justicia trabaja, rápido y bien, es la entidad que más y mejor garantiza los derechos de todos los ciudadanos.

En este caso, la medida de la doctora Danas ha servido para frenar, al menos por un tiempo y hasta que los legisladores porteños recapaciten y emitan una norma pensada, planificada y sustentable, la destrucción de nuestros mejores y más valiosos edificios.

Estamos cansados de vivir en una ciudad llena de placas que recuerda que aquí vivió fulano, aquí vivió mengano, haciendo referencia a próceres del 1800 pero sobre fachadas amorfas de cemento y de cristal recién construidas y que nada conservan del espíritu que anima a nuestros mejores arquitectos, ingenieros y decoradores, quizás de los más reconocidos y requeridos del mundo.

Un país como el nuestro, que dio al mundo celebridades de la arquitectura y del urbanismo como Eduardo Sacriste o César Pelli no se merece tener una Capital manejada sin criterio urbano y humanista.

Desde nuestro Instituto felicitamos y acompañamos actitudes como las de “Basta de Demoler” y “Proto Comuna Caballito” y destacamos medidas como la dictada por la jueza Andrea Danas, porque sólo con actitudes valientes, comprometidas , geopolíticas y estratégicas a largo plazo, vamos a poder construir entre todos una Buenos Aires mejor.

La Justicia protegió casi 140 mil casas construidas antes de 1941

2012-01-02T08:52:00.000-03:00

Ordenó a la Ciudad no aprobar demoliciones de inmuebles históricos, hasta que la Legislatura porteña no trate el tema. El sábado caduca la ley que protege las edificaciones con valor arquitectónico.

La noticia llegó casi como regalo de Navidad. Fue algo así como “jugar la última ficha”. Y salió bien. La Justicia hizo lugar a una presentación efectuada por distintas organizaciones y grupos de vecinos y le ordenó al Gobierno porteño suspender el otorgamiento de permisos de demolición de inmuebles históricos de la Ciudad (los construidos antes de 1941), hasta tanto la Legislatura porteña no trate el tema. La resolución trae una bocanada de aire fresco, más teniendo en cuenta que el 31 de este mes caduca la ley que protege a las edificaciones con valor arquitectónico e histórico.

La jueza Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 9, hizo lugar al amparo presentado por asociaciones que defienden los inmuebles históricos, como “Protocomuna Caballito”, “Basta de demoler”, “Salvemos Floresta” y “Fundación Ciudad”, entre otras. Así, con su resolución, la Justicia “protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital”, explica el fallo.

En la actualidad, para que una casa anterior a 1941 pueda ser demolida, se necesita la autorización del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un organismo que determina si la edificación tiene valor patrimonial. Sin embargo, la ley 2548 no recibió una prórroga por parte de la Legislatura durante el año -a pesar de algunas presentaciones por parte de la oposición-, y a fin de mes caduca la protección.

Durante la última sesión extraordinaria, tampoco pudo ser tratado un proyecto de la diputada María José Lubertino (FPV), que buscaba “catalogar los inmuebles históricos” antes de autorizar cualquier modificación.

De ahí la urgencia de recurrir a la Justicia, que por suerte escuchó el reclamo.

La Justicia prohibió la demolición de edificios antiguos

2012-01-02T08:46:00.000-03:00

LUNES, DICIEMBRE 26, 2011 FACUNDO CORNEJO 0 COMENTARIOS

La Justicia dio lugar a un recurso de amparo que protege a edificios anteriores a 1941. Fue a raíz de una presentación realizada por ONGs, luego de que la Legislatura no renovara la ley que les daba protección.

Casas antiguas en calle Carlos Calvo

La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones vecinales y ordenó al Gobierno de la Ciudad no demoler los edificios construidos antes de 1941 “hasta que la Legislatura trate el tema de fondo”.

La jueza Andrea Danas, del juzgado contencioso administrativo y tributario número nueve de la Ciudad, hizo lugar a la presentación de las organizaciones “Basta de Demoler”, “Fundación Ciudad”, “S.O.S Caballito” y “Proto Comuna Caballito”, entre otras, como consecuencia de que la Legislatura no renovara una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural anteriores a 1941.

En un comunicado publicado en su página web, Proto Comuna Caballito señaló: “La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por varias ONGs ante la caída del régimen especial de promoción patrimonial el 31 de diciembre de este año (en referencia a la Ley 2.548)”.

“La medida protege los 140 mil inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la Capital”, precisó la entidad vecinal.

Proto Comuna Caballito expresó además que la jueza “le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941”.

La organización vecinal hizo referencia a que el fallo de la jueza mantiene el impedimento "hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la Ciudad".

Por su parte, Basta de Demoler, que también emitió un comunicado, sostuvo: “Durante el año 2012, la Legislatura de la Ciudad deberá tratar los proyectos de ley que promueven dar protección legal efectiva a estos inmuebles patrimonialmente valiosos. La medida judicial dispuesta permitirá que mientras transcurra dicho debate no exista especulación inmobiliariaque pretenda apurar las demoliciones aprovechando la desprotección legal”.

Batalla ganada

2012-01-02T08:43:00.000-03:00

27/12/2011

POR CAYETANA MERCÉ - cmerce@clarin.com

La justicia prohibió la demolición de cualquier edificio porteño anterior a 1941.

Las ongs Basta de Demoler, Fundación Ciudad y S.O.S Caballito lograron su cometido: no se podrá demoler ningún edificio anterior 1941. Como defensoras del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires llegaron hasta la justicia cuando la Legislatura porteña decidió no renovar la ley 2.548 de protección para los inmuebles anteriores a ese año.

La ley fue prorrogada varias veces pero este año el bloque del PRO decidió no hacerlo. Si bien varios bloques opositores insistieron, no se consiguieron los votos suficientes.

En lo que la ong Basta de Demoler considera "un fallo histórico", el día 23 de diciembre, la jueza Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N º 9, resolvió "ordenarle al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suspensión del otorgamiento de permisos de demolición u obra respecto de la totalidad de inmuebles de dominio público o privado emplazados en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, cuya fecha de construcción sea anterior al año 1941 o se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en la categoría Edificios Representativos".

La decisión de la jueza Danas surgió luego de recibir una acción de amparo firmada por las ongs que la decidió a dictar una medida precautelar -resolución urgente- que busca impedir que una situación de hecho provoque una acción irreparable o una especulación inmobiliaria que apure las demoliciones. Esto congela la situación como está ahora hasta que los diputados debatan y resuelvan en la Legislatura que pasará con la ley o si se amplia el catálogo de edificios protegidos. Continuará...

Papa Noel se adelanto en el barrio de Villa Santa Rita y le dejó a los vecinos flor de regalito

2012-01-02T08:39:00.002-03:00

Parecía que un año de lucha había dado sus frutos.

*En junio, con apoyo de medios, 4.000 firmas de vecinos, asambleas barriales y varios legisladores (Ezspteyn, Pedreira, Hourest, Cabandié) habíamos logrado que

el Gobierno de la Ciudad paralice preventivamente los 2 edificios en construcción linderos a nuestro Pasaje peatonal Guillermo Granville, de tan solo 3 mtros de ancho.

* En ese tiempo accedimos a los expedientes de obra corroborando que el edificio de Jonte 3286 estaba levantándose con graves irregularidades respecto al plano y

a los códigos de construcción. Hicimos la denuncia.

*En la última sesión del 2011 la Legislatura de la Ciudad aprobó el proyecto de re zonificación para el área de influencia del Pasaje, estableciendo que la Av. Jonte

entre Cuenca y Lavallol, se afecte la zonificación R2bII del Código de Planeamiento Urbano.

*El jueves previo a Navidad mientras armábamos, como todos los años, el arbolito colectivo en medio del pasaje, llegó el inesperado regalo:

un camión descargo ladrillos en la obra legalmente paralizada. Horas después varios obreros arreglaban encofrados, y levantaban paredes, amparados en un permiso de

Garcia Falher ´´solo´´para sujetar las maderas sueltas para seguridad de los vecinos. Denunciamos pero siguen trabajando.

Moraleja:

Los vecinos de Granville sabemos hace rato que lo único que puede garantizar que se respeten los derechos que tenemos como ciudadanos, no es Papá Noel

sino nuestra propia lucha. Exigimos a las autoridades que tomen las medidas necesarias para proteger a los vecinos del avance indiscriminado de la contruccion, en un barrio de casa bajas donde el %60 de las calles son pasajes.

Prohibido demoler

2012-01-02T08:37:00.000-03:00

La jueza Andrea Danas, del juzgado contencioso administrativo y tributario 9 de la Ciudad, hizo lugar a un recurso de amparo presentado y ordenó al gobierno porteño no demoler los edificios construidos antes de 1941 "hasta que la legislatura trata el tema de fondo".

La presentación fue realizada por la organización "Basta de Demoler" y "Proto Comuna Caballito".

"La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por varias organizaciones ante la inminencia de la pérdida de vigencia, el próximo 31 de diciembre, de la Ley 2548 que establece un Procedimiento Especial de Protección Patrimonial para dichos inmuebles", se informó mediante un comunicado de Proto Comuna Caballito.

Además, señalaron que la medida "protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la Capital".

Proto Comuna Caballito informó además que la jueza "resolvió ordenarle al gobierno porteño la suspensión del otorgamiento de permisos de demolición u obra respecto de la totalidad de inmuebles de dominio público o privado cuya fecha de construcción sea anterior al año 1941".

La organización vecinal indicó que el fallo de la jueza hace extensivo el impedimento "hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la Ciudad".

AMPARO CONTRA LA DEMOLICIÓN

2012-01-02T08:33:00.000-03:00

La jueza Andrea Danas, del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 9 de la Ciudad, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones vecinales y ordenó no demoler edificios construidos antes de 1941 "hasta que la Legislatura trata el tema de fondo".

La presentación fue efectuada por organizaciones vecinales, entre ellas "Basta de Demoler" y "Proto Comuna Caballito" luego de que la Legislatura decidiera no renovar este año una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural anteriores a 1941.

La jueza Danas, del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 9 de la Ciudad, aceptó el argumento de urgencia presentado por varias organizaciones ante la inminencia de la pérdida de vigencia, el próximo 31 de diciembre, de la Ley 2548 que establece un Procedimiento Especial de Protección Patrimonial para dichos inmuebles.

La medida "protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20% del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital".

La jueza "resolvió ordenarle al Gobierno porteño la suspensión del otorgamiento de permisos de demolición u obra respecto de la totalidad de inmuebles de dominio público o privado cuya fecha de construcción sea anterior al año 1941".

Desde una de las organizaciones vecinales dijeron que "el fallo de la jueza hace extensivo el impedimento hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la Ciudad"

La Justicia prohibió la demolición de edificios anteriores a 1941

2012-01-02T08:30:00.002-03:00

POR DANIEL GUTMAN

Fue a pedido de varias organizaciones que defienden el patrimonio.

CLARIN - 26/12/11

Lo que organizaciones defensoras del patrimonio arquitectónico porteño no consiguieron en la Legislatura lo obtuvieron a través de la Justicia. El viernes por la noche, pocas horas después de recibir en su juzgado una acción de amparo firmada por varias ONGs, la jueza Andrea Danas le prohibió al Gobierno de la Ciudad que autorice la demolición de cualquier edificio porteño anterior a 1941.

El expediente deberá pasar esta semana a otro juez ya que el viernes, día inhábil para los Tribunales, Danas era la jueza de turno.

La decisión fue tomada debido a que el último día de este año vence la protección establecida por la ley 2.548 . Esta norma dice que los pedidos para demoler edificios de más de 70 años de antigüedad deben ser analizados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Sólo si este organismo entiende que el inmueble no tiene valor patrimonial, queda liberada la demolición.

Esta ley fue prorrogada varias veces, pero este año el bloque del PRO rechazó someterla nuevamente a votación en el recinto. Varios bloques opositores insistieron para prorrogarla, pero no consiguieron los votos suficientes.

La jueza Danas dictó una medida precautelar , que es una resolución urgente con la que se busca impedir que una situación de hecho provoque una acción irreparable.

El fundamento de la jueza fue, por un lado, que la Legislatura todavía tiene formalmente el tema en discusión y que entonces se debe congelar la situación como está ahora, hasta que los diputados resuelvan. En ese sentido, pidió a la Legislatura que envíe a Tribunales copias de los expedientes sobre el tema.

También se apoyó en el artículo 27 de la Constitución porteña, que establece que la Ciudad debe preservar su patrimonio urbanístico y arquitectónico.

El amparo fue presentado por las organizaciones Basta de Demoler, Fundación Ciudad y S.O.S Caballito, que señalaron que la medida judicial “permitirá que mientras transcurra el debate en la Legislatura no exista especulación inmobiliaria que pretenda apurar las demoliciones aprovechando la desprotección legal”.

Casos que generaron polémicas

El debate por el cuidado del patrimonio arquitectónico de la Ciudad ante el crecimiento de la construcción se recalentó en las últimas semanas, no solamente por la negativa del macrismo a prorrogar la ley que protege los edificios anteriores a 1941.

Por un lado se conoció la demolición se la última casa que habitó la poetisa Alfonsina Storni en Buenos Aires, a pesar de que la Legislatura ya había sancionado en primera lectura dos proyectos de ley que la protegían. La semana pasada, organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio organizaron una manifestación frente a la confitería del Molino, que cerró en 1997 y desde entonces se deteriora. Un día antes, el Gobierno de la Ciudad anunció que elevará a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar el lugar y, tras un llamado a concurso, recuperarlo y reabrirlo mediante una concesión.

La cuestión se relaciona con el avance de obras en muchos barrios. Hace pocos días, por ejemplo, la Justicia frenó la construcción en altura en una zona de Belgrano R cuyos vecinos dicen que las torres alteran la fisonomía del barrio.

Medias Verdades

2012-01-02T08:24:00.000-03:00

Por Facundo de Almeida

Las medias verdades son una forma de mentir diciendo la verdad. Eso es lo que acaba de hacer el gobierno porteño cuando salió al cruce de las críticas de distintas organizaciones de ciudadanos y de referentes vinculados con la protección del patrimonio cultural, por el papelón de no prorrogar la leyes 2548 y 3056.

Estas normas aprobadas en 2007 y 2009, respectivamente, como saben los lectores de m2, protegen en forma preventiva hasta el 31 de diciembre de este año los inmuebles anteriores a 1941.

Esta vez no se pudo renovar por decisión del bloque del PRO, doblegando incluso al otrora patrimonialista ex legislador Patricio Di Stefano. Tampoco ayudaron algunos opositores que estaban más preocupados en conseguirse algún puestito para cuando dejaran la banca que en proteger el patrimonio cultural.

Fue un papelón, porque las autoridades locales argumentaron que no se podía seguir prorrogando una ley que lleva cuatro años de vigencia y reclamaron un inventario definitivo de los edificios valiosos. Esto nadie lo discute, pero lo que no dicen los funcionarios de turno es que la responsabilidad de hacer el catálogo es del Poder Ejecutivo de la Ciudad.

En artículos publicados en los diarios de la semana pasada el gobierno porteño expresa: “En el marco de esta ley (2548) ingresaron 5242 expedientes y se catalogaron 989 edificios. En el último año, se presentaron pedidos para demoler 1746 edificios y 129 fueron catalogados. Y en 2010, sobre 1114 pedidos se catalogaron 73”, porcentajes de protección realmente bajos, sobre todo en los dos últimos años. Esto tal vez se deba a que la Comisión de Patrimonio de la Legislatura pasó de manos opositoras a oficialistas en 2009.

Pero el Poder Ejecutivo indica en ese mismo artículo que “la Ciudad tiene 15.207 edificios protegidos, 8485 catalogados en los últimos cuatro años”. Para que este último dato fuera verdadero, deberían haberse catalogado por fuera del procedimiento de la ley 2548 y la 3056 un total de 7587 edificios –según los datos dados a conocer a la prensa–, algo que no surge del Boletín Oficial. Un edificio está catalogado cuando se incluye expresamente en una ley y la norma es publicada.

Pero esto no es todo. La cifra de algo más de 15.000 inmuebles protegidos tampoco es cierta. Para llegar a ese número suman parcelas que tienen “protección general”. La “protección general” se refiere a los predios ubicados dentro de un Area de Protección Histórica (APH), pero cuyos edificios no están catalogados. Es decir, aquellos que cuando se creó la APH se decidió que no tenían valor patrimonial y por ende no merecían ser protegidos en forma particular.

Para estos casos, la mayoría dentro de estas áreas –aunque hay un puñado de APH de uno solo o pocos inmuebles–, el punto 10.1.3.1 del Código de Planeamiento Urbano establece que “los bienes localizados en las áreas de protección (Distritos APH) no incluidos en nivel de protección especial alguno no podrán superar los valores promedio de F.O.S. y F.O.T. de los edificios catalogados existentes en las mismas”. Pero, obviamente, se pueden demoler.

Tan clara es la norma que en este caso habla de “bienes” y no de “edificios”, e incluso en esa categoría –tal vez los del PRO también los sumaron como “protegidos”– están incluidos los terrenos baldíos.

Se determina cuánto se puede construir en esas parcelas fijando límites de F.O.S. y F.O.T., como ocurre con cualquier otro distrito de la ciudad, pero adaptado a las características de la APH. No tendría ningún sentido definir estos parámetros si el edificio allí construido no pudiera demolerse y construir otro nuevo.

Tan es así, que el parágrafo siguiente, dedicado a la Protección Edilicia, dice que ésta “se refiere a lo construido en las parcelas. Se establecerán niveles particulares de protección e intervención, en el acto de su catalogación”.

Algo parecido sucede con los inmuebles emplazados en las Areas de Arquitectura Especial (AE), otra de las trampas macristas para llegar a 15.000 inmuebles protegidos. Estos tampoco están necesariamente catalogados. El código dice que “para las parcelas comprendidas en estos distritos, regirán las disposiciones generales correspondientes a los distritos de zonificación a los que se haya superpuesto, con excepción de aquellos aspectos que específicamente en cada caso se reglamenten”. Nuevamente no habla de inmuebles ni de lo construido en la parcela, y no quiere decir que todos los edificios dentro de una AE estén catalogados.

Por el contrario, la norma indica que en caso de demoler aquellos que no están protegidos o construir en un baldío, el nuevo proyecto debe seguir ciertas pautas que la ley fija en cada caso, aunque con los parámetros constructivos del distrito donde está incluida la AE.

En conclusión, los únicos inmuebles catalogados son aquellos que mediante una ley de la Legislatura han sido incorporados al catálogo definitivo de edificios de valor patrimonial, con algún nivel de protección específico: cautelar, estructural o integral. Se encuentren éstos emplazados en una APH, una AE o en cualquier otro distrito de la ciudad.

Esta flagrante contradicción surge de los propios datos que el gobierno porteño publicó en el “Atlas de Edificios Catalogados”, en el cual y a pesar de que el título busca confundir, en la página 18 se afirma que en Buenos Aires hay “11.426 edificios bajo protección patrimonial”. En la hoja siguiente se detalla que el catálogo de edificios de valor patrimonial incluye 3000 con protección cautelar, 800 con protección estructural, 45 con protección integral y uno con protección especial”, sumando un total de 3846 edificios catalogados.

Esta última cifra –suponiendo que hicieron bien la cuenta, y a esta altura permítanme dudarlo–, si la sumamos a la de los edificios verdaderamente catalogados entre junio de 2010 y diciembre de 2011, nos indica el número real de edificios protegidos en Buenos Aires.

El jefe de Gobierno parece tenerlo más claro que sus colaboradores. Expresa en el prefacio al Atlas que “nuestra gestión ha avanzado en ese sentido, impulsando la creación de más de veinte Areas de Protección Histórica y formalizando la catalogación de miles de edificios singulares”, diferenciando una cosa de la otra.

Sus subalternos no parece que puedan alegar ignorancia luego de cuatro años de gobierno y, si así fuera, sería muy grave.

En todo caso, los funcionarios de Desarrollo Urbano están asesorando mal a Mauricio Macri y habría que ver qué dicen abogados y fiscales, pero con la inclusión de estos datos en una publicación oficial, ¿no estarían incurriendo ellos mismos en el delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293º del Código Penal de la Nación? Habrá que preguntarles a los expertos.

Conceden amparo para evitar la demolición de edificios antiguos

2011-12-26T04:25:00.002-03:00

La jueza Andrea Danas, del juzgado contencioso administrativo y tributario 9 de la ciudad, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones vecinales y ordenó al gobierno porteño no demoler los edificios construidos antes de 1941 "hasta que la legislatura trata el tema de fondo".

La presentación fue efectuada, entre otras, por la organización "Basta de Demoler" y "Proto Comuna caballito" luego de que la Legislatura decidiera no renovar este año una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural anteriores a 1941.

"La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por varias organizaciones ante la inminencia de la pérdida de vigencia, el próximo 31 de diciembre, de la Ley 2548 que establece un Procedimiento Especial de Protección Patrimonial para dichos inmuebles", precisó un comunicado de Proto Comuna Caballito.

La medida "protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital".

Proto Comuna Caballito informó además que la jueza "resolvió ordenarle al gobierno porteño la suspensión del otorgamiento de permisos de demolición u obra respecto de la totalidad de inmuebles de dominio público o privado cuya fecha de construcción sea anterior al año 1941".

La organización vecinal dijo que el fallo de la jueza hace extensivo el impedimento "hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad".

CONCEDEN AMPARO PARA EVITAR DEMOLICION DE EDIFICIOS ANTIGUOS

2011-12-26T04:21:00.000-03:00

Recurso de amparo impide derrumbar edificios antiguos en la Ciudad

2011-12-26T04:15:00.000-03:00

La jueza Andrea Danas, del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 9 de la Ciudad, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones vecinales yordenó no demoler edificios construidos antes de 1941 "hasta que la Legislatura trata el tema de fondo"

La presentación fue efectuada, entre otras, por la organización "Basta de Demoler" y "Proto Comuna caballito" luego de que la Legislatura decidiera no renovar este año una ley que protegía de la demolición a los edificios con valor histórico y cultural anteriores a 1941.

"La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por varias organizaciones ante la inminencia de la pérdida de vigencia, el próximo 31 de diciembre, de la Ley 2548 que establece un Procedimiento Especial de Protección Patrimonial para dichos inmuebles", precisó un comunicado de Proto Comuna Caballito.

La medida "protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20% del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital".

Proto Comuna Caballito informó además que la jueza "resolvió ordenarle al gobierno porteño la suspensión del otorgamiento de permisos de demolición u obra respecto de la totalidad de inmuebles de dominio público o privado cuya fecha de construcción sea anterior al año 1941".

La organización vecinal dijo que el fallo de la jueza hace extensivo el impedimento "hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la Ciudad".

UN FALLO HISTORICO

2011-12-24T11:54:00.000-03:00

Proto Comuna Caballito

Hechos. No palabras.

Amig@s:

La Justicia concedió un amparo que protege el patrimonio edificado en la Ciudad

La medida precautelar prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941.

La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por varias ONGs de la Ciudad ante la caida del regimen especial de promocion patrimonial el 31 de diciembre de este año. Los representantes legales de las organizaciones Doctores Enrique Viale, Sebastián Pilo y Jonatan Baldiviezo realizaron un trabajo brillante.

La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital.

La jueza Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941. Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad.

Saludos fraternales

Lic. Gustavo Desplats

Proto Comuna Caballito

Informes: 15-3833-8491 4903-7444

Un verano sin demoliciones

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184104-2011-12-24.html

Un verano sin demoliciones

2011-12-24T10:05:00.001-03:00

La Justicia concedió un amparo que protege el patrimonio edificado en la Ciudad

El sábado 31, a las 24, queda sin efecto el régimen especial que protege los edificios anteriores a 1941. El oficialismo se negó a renovarlo, pero la Justicia prohibió ayer que se concedan permisos de demolición o refacción.

Por Sergio Kiernan

La Justicia porteña concedió ayer el amparo que pidieron las seis mayores ONG de defensa del patrimonio edificado. La medida precautelar, que prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941, fue emitida en cuestión de horas por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Tributario Andrea Danas. En los próximos días, luego de que se compruebe que no hay otras causas similares, el amparo será sorteado nuevamente para un fallo definitivo.

La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por María Carmen Usandivaras, la letrada de Basta de Demoler, la organización civil que presentó el pedido de amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y la Protocomuna Caballito, con apoyo de varias ONG de Boedo, San Telmo, La Boca y otros barrios. Fue por eso que citó a los peticionantes al final de la tarde y a las 21 horas les comunicó formalmente que había emitido una precautelar prohibiendo las demoliciones.

La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital. Estos edificios cuentan hasta el próximo sábado a las 24 horas con un régimen especial, creado en diciembre de 2007, que impide que sean demolidos “por ventanilla”. El trámite para edificios de esta antigüedad implica que los expedientes sean revisados por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que puede “desestimarlos” y autorizar su destrucción o girar la carpeta a la Legislatura, recomendando su catalogación definitiva. En cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, permitió 4253 y recomendó la catalogación de apenas 989 edificios.

A comienzos de este mes, el bloque oficialista en la Legislatura anunció que no iba a permitir que se renovara el mecanismo, como se hacía anualmente desde 2007, “por orden de Macri”. La operación fue sorpresiva y la comandó en persona el diputado Cristian Ritondo, que impidió que los miembros del PRO de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura firmaran siquiera el despacho para el tratamiento de la ley. De hecho, Ritondo hasta forzó, en una gritería memorable, al entonces diputado Patricio Di Stefano a retirar su firma del despacho. Di Stefano había firmado porque en ese momento era presidente de la Comisión de Patrimonio, nada menos.

Al cesar el régimen especial, se revierte al sistema anterior, en el que la antigüedad o el valor histórico o arquitectónico de los edificios a demoler simplemente no tenían existencia legal. El único freno que se acepta en la ventanilla del Mercado del Plata, el edificio municipal de Carlos Pellegrini y Diagonal, es que el inmueble no esté catalogado en firme. Ante lo que prometía ser un “verano de la piqueta”, se recurrió a varias estrategias.

Una fue la presentación por parte de diputados de la oposición de varios proyectos para renovar el sistema, por plazos más largos que un año. Como el oficialismo maneja la agenda de las sesiones extraordinarias, cuyo temario es presentado por el Ejecutivo, esta idea no prosperó porque simplemente no fue incluida en lo que llegó al recinto esta semana. La siguiente iniciativa fue presentar un proyecto-ómnibus, que pide catalogar los 140.000 edificios antiguos de la ciudad, para bloquear su demolición. La diputada María José Lubertino lo hizo por pedido de las ONG patrimonialistas. La sola existencia de un proyecto así impide la demolición de cualquier edificio hasta que se expida la Legislatura, según jurisprudencia de la Cámara porteña.

El amparo ahora concedido fue la tercera estrategia. Según la jueza Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941. Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad.

No es la primera vez que la jueza Danas falla sobre cuestiones urbanas. En junio, detuvo también con un amparo la construcción de una torre de 27 pisos de altura en Beruti y Coronel Díaz. Los amparistas eran los vecinos del barrio, reunidos en la Asociación Amigos del Alto Palermo, que denunciaron que el edificio, de 32.000 metros cuadrados, triplicaba el total permitido en la zonificación. En marzo de 2010, la jueza también aceptó el pedido del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y frenó la provisión de pistolas eléctricas a la Policía Metropolitana.

Van a la Justicia para que protejan a los edificios anteriores a 1941

2011-12-23T15:58:00.000-03:00

EDIFICIOS

Van a la Justicia para que protejan a los edificios anteriores a 1941

CLARIN - 23/12/11
Organizaciones dedicadas al cuidado del patrimonio presentarán hoy una acción de amparo en la Justicia de la Ciudad, tendiente a que se proteja a unos 140.000 edificios anteriores a 1941.
Lo harán ante la inminente caducidad de la ley porteña 2.548, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y obliga a pedir una autorización para demoler edificaciones porteñas de 70 años de antigüedad.
Las organizaciones hicieron ayer al mediodía un acto para reclamar que se defienda el patrimonio porteño frente a la confitería del Molino, un símbolo que está cerrado desde 1997. Ayer, la Ciudad anunció que intentará expropiar el tradicional salón de Callao y Rivadavia para recuperarlo y luego reabrirlo.
“En la acción de amparo también vamos a pedir al juez que le ponga un plazo al Gobierno de la Ciudad para que termine la evaluación de los edificios con valor patrimonial. La están demorando porque favorece la especulación inmobiliaria”, dijo María del Carmen Usandivaras, de Basta de Demoler, una de las organizaciones que se movilizó ayer.
El ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel Chain, rechazó que el Gobierno no se ocupe del patrimonio porteño y aseguró que la actual gestión promovió la protección de más de 10.000 propiedades en Buenos Aires. Los diputados macristas, de todas maneras, se negaron a tratar la prórroga de la ley 2.548 de protección en la Legislatura.

Amparo por el patrimonio edificado

2011-12-23T15:40:00.000-03:00

ORGANIZACIONES PATRIMONIALISTAS SE PRESENTAN HOY ANTE LA JUSTICIA CONTRA LAS DEMOLICIONES

Ante la negativa del PRO de renovar las leyes que protegen los edificios históricos, las ONG pedirán hoy que un juez prohíba demoler edificios anteriores a 1941 hasta que la Ciudad termine un muy demorado catálogo.

Por Sergio Kiernan

Las principales organizaciones de defensa del patrimonio edificado presentarán hoy ante la Justicia porteña un amparo para frenar la destrucción de edificios anteriores a 1941. La movida judicial es en respuesta a la negativa del oficialismo en la Legislatura de renovar la ley 3056, que crea un procedimiento especial para demoler esos edificios. Junto a proyectos de ley presentados la semana pasada, el amparo es un intento de frenar lo que están llamando un “verano de la piqueta”.

El amparo será presentado hoy por Basta de Demoler, la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, SOS Caballito, ProtoComuna Caballito y Salvar Floresta, con el apoyo de una veintena de organizaciones barriales y culturales. El objetivo es pedir a la Justicia que congele toda demolición hasta que la Ciudad cumpla el mandato de la ley porteña 1227. La norma, que es la ley marco de manejo del patrimonio de Buenos Aires, ordena al Ejecutivo que realice un catálogo general de edificios representativos culturalmente, históricos, simbólicos por su uso o asociación con la memoria barrial y de valor arquitectónico.

La ley 1227 fue sancionada hace una década, pero sus capítulos sobre patrimonio –entre otras cosas, la creación de un cuerpo de inspectores especializados en la órbita del Ministerio de Cultura– nunca se cumplieron. El catálogo de edificios permitiría definir qué se puede demoler y qué se preservará en un universo de 140.000 inmuebles, algo menos del 20 por ciento del total de la Ciudad. Ana Bas, de Basta de Demoler, explicó a Página/12 que el amparo no fija fechas ni da plazos, sino que “simplemente congela las demoliciones hasta que el gobierno haga su parte y cumpla la ley”.

El actual régimen de protección fue sancionado a fines de 2007, como la ley 2548, y creó un sistema por el cual todo edificio con planos de obra anteriores al primer día de 1941 tenía una protección implícita. Quien quisiera demolerlo o remodelarlo tenía que enviar el expediente al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que permitía la demolición o enviaba el caso a la Legislatura para su futura catalogación. Según datos del propio gobierno porteño, este Consejo no fue precisamente feroz en su accionar y de 5242 pedidos de demolición autorizó 4253. Apenas 989 edificios, menos del veinte por ciento de los estudiados, fueron protegidos provisionalmente.

Pese a esta parsimonia, el oficialismo ordenó a su bloque que liquidara el mecanismo. Como la ley de protección es un “régimen especial”, debe ser renovada cada año, lo que se hizo hasta ahora sin mayores debates. Pero este diciembre, el diputado PRO Cristian Ritondo en persona se ocupó de dejar en claro que no iba a pasar “por orden de Macri”.

Entre las reacciones de los grupos patrimonialistas y de diputados de oposición se cuentan la presentación de varios proyectos para renovar la ley por uno o por dos años, y otro que simplemente cataloga todo edificio anterior a 1941. Este último, presentado por los diputados María José Lubertino y Martín Hourest, se basa en el fallo de la Cámara porteña, que prohíbe demoler ningún edificio que esté siendo considerado.

Santiago Pusso, de Basta de Demoler, criticó al gobierno porteño en el acto de protesta organizado ayer al mediodía al pie de la Confitería Del Molino. “Vemos como trasfondo la intención del gobierno porteño de demoler esos edificios para realizar negocios inmobiliarios”, explicó Pusso. En el acto estaban representantes de las organizaciones que presentan hoy el amparo, y legisladores como Lubertino, Hourest, Susana Rinaldi, Rubén Campos y Adrián Camps.

Otra crítica al gobierno porteño es por su indiferencia a las obras clandestinas que afectan al patrimonio. Un ejemplo que se discutió ayer fue el del local en el histórico edificio Wolf, en Perú y Belgrano. Un vecino denunció ante el defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado que se estaba realizando una obra sin permisos ni expediente en el amplio local de la planta baja. Gómez Coronado envió notas a las direcciones generales relevantes, la de Registro de Obras y Catastro y la de Fiscalización y Control. Una inspección descubrió que se estaba remodelando el lugar para un local de la cadena Starbucks. La obra siguió pese a las advertencias y fue finalmente clausurada esta semana. Lo que subrayaban ayer los patrimonialistas fue que tuvo que intervenir un vecino para que se “descubriera” una obra ilegal en un edificio histórico en pleno centro. Y que la denuncia fue activada no por el Ejecutivo, sino por la Defensoría del Pueblo porteño.

HAY 140 MIL CONSTRUCCIONES CON GRAN VALOR Para que las topadoras no derriben parte de la historia

2011-12-23T15:32:00.002-03:00

A fin de mes cae la ley que protege a inmuebles con valor arquitectónico construidos antes de 1941. Para evitar la demolición, agrupaciones y vecinos hicieron una marcha y hoy presentarán un amparo en la Justicia.
PorCRISTIAN DEFEO
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Pareciera una carrera contrarreloj. Y no cualquier carrera. Lo que está en juego, en este caso, es nada más y nada menos que el patrimonio arquitectónico de la Ciudad. El 31 de este mes, mientras todos estén festejando, la ley que protege a los inmuebles anteriores a 1941 ya no tendrá efecto. Por eso mismo, varias organizaciones involucradas en el tema y algunos legisladores realizaron ayer un acto en la mítica confitería del Molino. Un proyecto de ley clave en esta cuestión no consiguió ser tratado ayer en la Legislatura porteña, aunque hoy habrá una presentación judicial.

Hasta el momento, los inmuebles más antiguos de la Ciudad están protegidos por la ley 2548. Esa norma establece que las casas construidas antes de 1941 no pueden ser demolidas sin la autorización del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo que evalúa si la construcción tiene valor arquitectónico. En caso de que lo tenga, las topadoras no pueden pasar por encima de la historia. Hay cerca de 140 mil construcciones que hacen a la identidad porteña.

Durante el año legislativo, varios diputados intentaron que se debatiera una nueva prorroga de la ley. Sin embargo no lo consiguieron. Y ayer tampoco pudo ser tratado en sesión extraordinaria un proyecto de ley de María José Lubertino (FPV). El texto proponía una “catalogación” de todos los inmuebles de propiedad pública o privada, “cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941”. La intención era que el Poder Ejecutivo no autorizara “ningún tipo de reforma, demolición o construcción nueva hasta la definición del grado de protección e intervención por parte de la Legislatura”.

Un grupo de vecinos y distintas organizaciones -entre ellas “Basta de Demoler”, “Salvar Floresta” y “Proteger Barracas”- realizaron un acto en la puerta del Molino. “Lo hicimos en la confitería para que se dieran cuenta de lo que estamos perdiendo”, explicó Gustavo Desplats, titular de “Protocomuna Caballito”. Hoy presentarán en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad un amparo y solicitarán la apertura de la feria judicial. Pedirán que no se autoricen demoliciones hasta que la Legislatura no se expida en el tema, y más teniendo en cuenta que hay proyectos de ley a tratar.

PRESENTAN AMPARO PARA EVITAR DEMOLICION DE EDIFICIOS DE VALOR HISTORICO

2011-12-22T18:32:00.000-03:00

Un grupo de organizaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, presentarán mañana un amparo para evitar la demolición de edificios con valor histórico anteriores a 1941.

El recurso judicial será presentado a raíz de que los legisladores del gobierno porteño no tratarán la renovación de la ley 2548, sancionada en el 2007, que protegía de eventuales demoliciones a edificios que tuvieran valor arquitectónico, histórico o cultural de la ciudad.

La norma "dejará de tener vigencia y se caerá porque los legisladores del PRO no quisieron tratar su renovación, la cual ocurría todos los años desde el 2007 hasta hoy", dijo a Télam Santiago Pusso, de la organziación "Basta de Demoler".

Precisó que "existe un desinterés del gobierno de la ciudad en cuidar su patrimonio histórico ya que todas las ciudades del mundo promulgan leyes en tal sentido. Vemos como trasfondo la intención del gobierno porteño de realizar negocios inmobiliarios para demoler esos edificios".

Pusso explicó que la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares históricos también se pronunció a favor de la protección de estos edificios y alertó sobre la posible intención de efectuar negocios inmobiliarios como causa de la no renovación de la ley.

Tanto Basta de Demoler, como las organizaciones Fundación Ciudad, Proteger Barracas, SOS Caballito, Proto-Comuna Caballito y Salvar Floresta, presentarán el amparo colectivo.

Representantes de estas organizaciones se reunieron hoy frente al edificio de la Confitería del Molino, Rivadavia y Callao, para protestar por la decisión del gobierno porteño, y estuvieron apoyados por los legisladores Susana Rinaldi, María José Lubertino, Rubén Campos, Martín Hourest y Adrián Camps.

EDIFICIOS EN PELIGRO ONG's van a la Justicia en defensa del patrimonio porteño

2011-12-21T14:40:00.000-03:00

Las organizaciones organizarán previamente una movilización que se concentrará en la confitería El Molino el próximo jueves a las 12. Allí harán públicas las acciones judiciales que presentarán esta semana.

Por Redacción NU

El 31 de diciembre próximo caduca la Ley 2548 de Promoción Especial del Patrimonio Arquitectónico. Teniendo en cuenta la situación de desamparo en la que quedarán los edificios anteriores a 1941, distintas organizaciones, entre ellas Basta de Demoler, van a recurrir a la Justicia para proteger el patrimonio de Buenos Aires.

Previamente, se convocarán este jueves 22 a las 12 frente a la Confitería El Molino (Avenida Callao y Rivadavia), para denunciar la situación de peligro del patrimonio en toda la Ciudad y hacer públicas las acciones judiciales que se presentarán esta semana.

Además, darán a conocer un listado de edificios en riesgo teniendo en consideración la situación de desprotección.

Piden que sigan protegiendo a los edificios anteriores a 1941

2011-12-21T14:37:00.002-03:00

Varias ONGs dedicadas a la protección del patrimonio arquitectónico anunciaron que irán a la Justicia para intentar que se estiren los efectos de la ley que protege a los edificios porteños anteriores a 1941 . Además, convocaron para mañana a las 12 a unamanifestación frente a la cerrada Confitería del Molino , que es un símbolo del deterioro del patrimonio urbano de la Ciudad.

Una ley que vence el próximo 31 de diciembre establece que todo el que pretenda demoler una construcción anterior a 1941 debe solicitar autorización al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Este organismo evalúa si el inmueble en cuestión tiene valor desde el punto de vista arquitectónico o histórico y en consecuencia decide si da o no la autorización.

Distintos bloques de la oposición en la Legislatura intentaron que la ley se prorrogara por otro año, pero el bloque del PRO, que es la primera minoría, rechazó que el tema fuera tratado en el recinto. Ayer, ante la consulta de Clarín , en el ministerio de Desarrollo Urbano no quisieron opinar sobre el tema.

“Impulsamos que la Justicia actúe, frente a la negativa del Ejecutivo a cumplir con su obligación constitucional de preservar el patrimonio de la Ciudad . Y decimos el Ejecutivo porque la orden a los legisladores macristas de no tratar la ley vino del Gobierno”, dijo Santiago Pusso, de Basta de Demoler, una de las organizaciones que presentarán la acción de amparo junto a Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvar Floresta y SOS Caballito, entre otras.

También la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos advirtió que los bienes arquitectónicos pueden “quedar librados a su destrucción por operaciones especulativas, produciéndose así un daño irreparable al rico patrimonio de nuestra Ciudad”.

Frenan la construcción de nuevas torres en Belgrano R

2011-12-20T07:56:00.000-03:00

POR DANIEL GUTMAN

Los vecinos piden conservar la identidad del barrio. Una medida cautelar impide que se otorguen nuevos permisos para levantar edificios en la zona, que siempre se caracterizó por tener casas bajas y en la actualidad cuenta con por lo menos diez obras.

IMÁGENES

- 20/12/11

En un fallo trascendente, que muestra a la Justicia de la Ciudad dispuesta a intervenir para defender la fisonomía de los barrios frente a los intereses inmobiliarios, la jueza Elena Liberatori ordenó que al Gobierno que no otorgue permisos para construir torres en una porción de Belgrano R.

Es una medida cautelar que protege a unrectángulo de seis manzanas delimitado por las calles Washington, Olazábal, Estomba y las vías del ferrocarril Mitre. Es una zona que tradicionalmente ha sido de casas bajas, en la cual se han levantado una cantidad de edificios altos en los últimos años –todavía hay al menos 10 en construcción gracias a que el Código de Planeamiento Urbano vigente en los últimos años no pone restricciones–. Otras zonas de Belgrano R de similares características, en cambio, están protegidas contra la construcción en altura.

“Nuestra zona también estaba protegida en otra época, pero en algún momento, nadie sabe por qué, el Código fue modificado y se eliminaron las restricciones. Entonces llegaron muchas inversiones inmobiliarias, hasta que nos movilizamos y dimos el alerta”, explicó a este diario uno de los vecinos, que al igual que otros pidió no ser nombrado.

“En estos años ya se construyó mucho, así que ahora se trata de salvar lo que queda de la identidad y el modo de vida en el barrio. Esto no es contra nadie y aquí no hay especulación política. Lo único que queremos es preservar el barrio ”, agregó.

Los vecinos fueron a la Legislatura y consiguieron que los diputados votaran por una unanimidad, en septiembre, una ley que protege la zona. La Constitución de la Ciudad exige una audiencia pública y una segunda votación para que las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano queden definitivamente sancionadas.

La audiencia pública se hizo el 30 de noviembre y la Legislatura no alcanzó a votar por segunda vez este año, por lo que el tema pasó para el próximo. Actualmente, en la zona se puede construir hasta 24 metros (zonificación C3 II, unos 8 pisos); de aprobarse la ley la altura no podrá superar 8,80 metros (3 pisos).

En los fundamentos de su medida, la jueza explicó que tomó la decisión para evitar que nuevos intereses inmobiliarios se pongan en movimiento antes de que en la Legislatura se vuelva a votar. “Así se asegura que la nueva norma tenga plenos efectos y no sea menoscabada por situaciones de hechos consumados. Por ello, la medida solicitada aparece como la única posibilidad de evitar (...) que con el otorgamiento de permisos de obra se generen futuros daños de imposible reparación para el ambiente, el barrio y los vecinos”, figura en el fallo.

Para el abogado Sebastián Pilo, que intervino en el caso, “es importante porque se deja un precedente al darle efecto concreto a la sanción de una ley en primera lectura por parte de la Legislatura. Se establece que sería irrazonable que, cuando la Legislatura ya expresó su voluntad de proteger a un barrio, el período que lleva la sanción de una ley quede abierto para que se hagan cosas que van en contra de ella”.

Precisamente algo de eso fue lo que pasó en Villa Pueyrredón. La Legislatura sancionó el año pasado una ley que limitó a 12 metros la altura que se puede construir en un área de 50 manzanas.

Antes de que culminara el largo proceso legislativo se presentaron 13 pedidos de permiso de construcción de nuevos edificios. Las constructoras argumentaron, una vez que la ley se sancionó, que ya tenían un derecho adquirido que les permitía realizar las obras. Sin embargo, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo estableció que los permisos en trámite debían ajustarse a los parámetros de la nueva ley.

Freno a las torres

2011-12-19T21:41:00.002-03:00

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2011

La Justicia de la Ciudad nuevamente le pone un freno a las torres y a la especulación inmobiliaria.

Se prohibieron nuevos permisos de obra en Belgrano R hasta tanto la Legislatura sancione una ley –que tiene sanción de 1era. lectura- que limita la capacidad constructiva de esa zona.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2011, sancionó en 1era. lectura un proyecto de ley que establece la rezonificación de un sector del barrio Belgrano, que se encuentra entre las calles Washington, Olazábal, Estomba y las vías del ex FCGBM (expediente 764-D-2011). La aprobación inicial fue fruto del esfuerzo de habitantes de la zona que se movilizaron para lograr un tope de altura a las construcciones acorde con el ambiente barrial. Esta rezonificación tiene por objeto limitar la capacidad constructiva en el sector adecuándola a la identidad residencial del Barrio.

Para que el proyecto de ley entre definitivamente en vigencia requiere su aprobación en 2da. lectura por la Legislatura de la Ciudad y la posterior promulgación del Poder Ejecutivo.

Cuando se presenta en la Legislatura un proyecto de cambio de zonificación de un sector de la Ciudad, restringiendo las posibilidades de construcción, suele producir -hasta el momento en que la norma finalmente cobra vigencia- un efecto contrario a los fines que se quiere lograr. Generalmente, al momento en que las empresas constructoras o especulares inmobiliarios toman conocimiento de la presentación del proyecto y la posibilidad de su sanción, comienzan a solicitar una gran cantidad de permisos de obra nueva, a fin de intentar “eludir” la nueva zonificación a sancionarse legislativamente.

Frente a esta situación, habitantes del Barrio, ante el temor de que el GCBA otorgue permisos de construcción o reformas que puedan devenir contrarias a las nuevas normas que hoy se hallan aprobadas inicialmente, acudieron a la Justicia de la Ciudad –con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo, Sebastián Pilo y Enrique Viale- solicitando la suspensión del otorgamiento de permisos de obra respecto de dicho sector.

La semana pasada, la Sra. Jueza Elena Liberatori hizo lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suspensión de los trámites administrativos de registro u otorgamiento de permisos de obras nuevas o ampliaciones que contraríen los parámetros urbanísticos establecidos en el proyecto de ley de aprobación inicial publicado en el Boletín Oficial de fecha 28/09/2011.

Para ello, sostuvo que la medida ordenada es “la única posibilidad de evitar el daño que produciría al barrio y a los vecinos, la autorización deliberada de permisos de obra con anterioridad a la sanción de la referida Ley que precisamente tiene en miras limitar la aptitud constructiva de esa zona”. Agregó que el otorgamiento de permisos de obra generaría “daños de imposible reparación para el ambiente, el barrio y los vecinos”.

Este excelente fallo contribuye a consolidar la dirección protectora del ambiente urbano que tienen los Tribunales de la Ciudad. Otra situación similar, también resuelta favorablemente por la Justicia, fue la prohibición de la construcción de torres sobre la Avenida Salvador María del Carril en el Barrio de Villa Pueyrredón.

Contacto:

- Dr. Sebastián Pilo (abogado): 15- 4399-5794

Debajo de la cota cero

2011-12-19T21:38:00.000-03:00

19/12/2011

Con la reglamentación de la Ley N° 3.562, a partir de ahora será obligatorio inspeccionar las obras en la etapa de excavación y demolición.

Aprobado. Tras el decreto del Ejecutivo porteño, ahora será obligatoria la inspección de la obra en su primera etapa.

Fue tras el derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza en septiembre de 2010 que la Legislatura porteña aprobó la Ley N° 3.562 que obligaba a inspeccionar a toda obra en construcción durante la etapa de demolición y excavación, independientemente de los controles que debieran realizarse después. Lamentablemente tuvo que suceder otra tragedia, el colapso del edificio de Bartolomé Mitre 1232 el 4 de noviembre pasado, para que el Ejecutivo decretara su reglamentación y la pusiera en funcionamiento.

A partir de ahora será necesario una inspección una vez cumplida la demolición de una obra existente. En cuanto a la excavación proyectada para la cota de fundación, cuanta ésta supere los cuatro metros deberán realizarse dos controles: la primera al completar el 30% del avance, y la segunda, cuando se llegue al 70% del trabajo. Cuando la excavación sea menor a cuatro metros, se hará una sola inspección al completarse el 50% del procedimiento.

Por otra parte, durante la etapa de obra, habrá una primera inspección al comenzar la implantación en planta baja (se revisará la ubicación del lote, la línea de edificación, la línea de frente interno, la línea interna de basamento, la separación del edificio de los ejes divisorios, los niveles y la división de los patios) y una segunda al finalizar la última losa (se verificará la volumetría de obra total, la altura máxima, la división de los patios, la altura de las losas, las escaleras y el pozo de ascensor). La tercera se realizará al finalizar la mampostería y los montantes de las instalaciones complementarias, y la cuarta y última al terminarse la obra, pudiendo faltar las terminaciones finales de los paramentos.

Reglamentación tardía

2011-12-16T09:11:00.002-03:00

Hace más de un año, en septiembre de 2010, la Legislatura porteña aprobó una norma que buscaba intensificar los controles a obras de demolición y excavación en la ciudad, tras el derrumbe del gimnasio Orión, en Villa Urquiza, que había provocado tres muertes. El martes, a 40 días de otro trágico derrumbe en Mitre 1232, el Ejecutivo local finalmente la reglamentó.
La norma establece la obligatoriedad de incorporar una inspección en la etapa de demolición y otras dos verificaciones durante los trabajos de excavación en las obras en construcción. En la obra lindera a la de Mitre, un inspector había solicitado una verificación por los edificios linderos antiguos de gran porte, que nunca se realizó.
La ley determina que, cuando la cota de fundación supere los cuatro metros, debe realizarse una inspección al momento del 10% de la perforación, y otra al cumplirse el 50 por ciento. Además, fija multas de 3600 a 36 mil pesos para quienes “no hubieran contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta en el Registro Público de Demoledores y Excavadores”. Sin embargo, la reglamentación no especificó cuándo deberán ser verificadas las excavaciones de menos de cuatro metros.
La oposición al PRO objetó que en la demorada reglamentación bajo el decreto con 620/11, Mauricio Macri haya depositado la potestad de controlar en los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control, y no en los profesionales verificadores, que cuentan con más capacitación para evaluar si la obra se desarrolla en condiciones seguras

Patrimonio porteño en peligro

2011-12-16T08:35:00.000-03:00

Si no se prorroga la ley que protege los edificios anteriores a 1941, la ciudad volverá a sufrir pérdidas en su arquitectura

En las principales ciudades del mundo, muchas de ellas de América latina, los edificios testigos de la historia y del devenir de sus habitantes son respetados y puestos en valor, porque no sólo constituyen un motivo de orgullo para todos, sino también un fuerte atractivo para los turistas y estudiosos del patrimonio.

El destino de la ciudad de Buenos Aires puede ser muy distinto, si, como todo indica, no se renueva la vigencia de la ley 2548, que protege los edificios porteños anteriores a 1941 y que está por vencer el 31 de diciembre próximo.

La mencionada ley, votada en noviembre de 2007 por inspiración de la entonces presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura porteña, Teresa Anchorena, establece que todos los edificios anteriores a diciembre de 1941 (fecha en la que se hizo un relevamiento general de la ciudad) no pueden ser demolidos o sus fachadas cambiadas sin la autorización del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Desde la sanción de la ley hasta ahora, el CAAP evaluó 7500 edificios y de ellos fueron salvados de ser demolidos 1000, que quedaron catalogados.

Costó mucho lograr que se aprobara la mencionada ley, cuya característica es que debe ser renovada en diciembre de cada año. Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, durante la reunión en la Legislatura de la Comisión de Planeamiento Urbano, tres diputados del oficialismo no firmaron el despacho que permitiría prorrogar la ley y dar tiempo para que se termine el catálogo definitivo, para saber exactamente cuál edificio tiene valor patrimonial.

Si no se logra su prórroga, a partir del 1° de enero de 2012, cualquier edificio anterior a diciembre de 1941 que no esté aún catalogado, podrá ser demolido. La única posibilidad existente sería recurrir en cada caso a la justicia, amparándose en un reciente fallo que dio por válida la protección solicitada para un caso anterior que todavía no tenía fuerza de ley.

Permitir la demolición de un edificio porteño sin antes evaluar su relevancia patrimonial es un acto peligroso porque se trata de un capital simbólico y económico con el que cuenta la ciudad. Es también un recurso importantísimo para la promoción de Buenos Aires en el mundo, aquello que nos diferencia de otras ciudades y nos da identidad. La arquitectura porteña encanta a los visitantes, tanto a quienes simplemente disfrutan de la estética de estos inmuebles como particularmente a los expertos, porque es el reflejo de lo que somos: una gran variedad de estilos arquitectónicos de todo el mundo conviviendo en un conjunto de gran calidad. Pero también conservar y reutilizar el patrimonio construido conlleva, como lo señalan los expertos en preservación, un importante ahorro de energía y contribuye a hacer más sustentables a las ciudades.

Falta entonces de parte de los legisladores y funcionarios del gobierno de la ciudad comprender la importancia de este tema, que no es menor para el futuro de Buenos Aires. Por supuesto, no todo lo construido antes de 1941 es valioso, pero justamente por eso es fundamental determinar cuáles edificios deben ser preservados y cuáles demolidos.

Nuestra ciudad ya ha perdido por esta razón varios edificios de valor patrimonial y, aun aquellos que quizá no lo tuvieran, no pudieron ser evaluados en su momento. En esta situación se encontraba la casa de la calle Terrada 578, en Flores. Como advirtió la asociación Basta de Demoler, allí vivió Alfonsina Storni y desde allí partió a Mar del Plata, en donde murió, el 25 de octubre de 1938. Si bien se trataba de una construcción desprovista de un gran valor arquitectónico, era indudable su importancia histórica y simbólica. Sin embargo, finalmente fue demolida, aunque, como hizo constar la citada ONG, la casa se encontraba bajo el amparo de las leyes 3056 y 1227 de la ciudad.

Nunca el patrimonio arquitectónico de una ciudad debería quedar a merced de las leyes del mercado de la construcción. Sobre todo ahora, que en el mundo se discute cómo hacer más vivibles las ciudades en términos de arquitectura real, es decir, de acercamiento a sus habitantes, que son principalmente quienes deben disfrutarlas.

La ausencia de una ley que proteja el patrimonio arquitectónico porteño dejará la puerta abierta para que distintos proyectos inmobiliarios tomen la delantera, sin pensar en la ciudad como un todo, propiedad de sus habitantes.

Fue ilegal la demolición de la última casa de Alfonsina Storni (en enero tiran media Buenos Aires abajo. Esto es solo el comienzo)

2011-12-15T08:56:00.000-03:00

POR NORA SÁNCHEZ

IMÁGENES

EN FLORES. EL INMUEBLE YA DEMOLIDO Y LA ANTIGUA FACHADA. LOS VECINOS YA HABÍAN FRENADO UN INTENTO POR TIRAR ABAJO LA CASA HACE CUATRO AÑOS Y PEDÍAN QUE SE CONVIRTIERA EN UN CENTRO CULTURAL.

- 15/12/11

A pesar de que estaba protegida por dos proyectos de ley , la última casa que habitó la poetisa Alfonsina Storni en la ciudad de Buenos Aires acaba de ser tirada abajo para construir un edificio. Y denuncian que se trató de una demolición ilegal y clandestina. La construcción estaba ubicada en Terrada 578, en el barrio de Flores.

La casa no tenía valor arquitectónico, pero sípatrimonial e histórico porque allí vivió Alfonsina Storni hasta aquel viaje a Mar del Plata en que se suicidó adentrándose en el mar, en octubre de 1938. Por este motivo, contaba con la protección preventiva que le daban dos proyectos de ley, ambos aprobados en primera lectura en la Legislatura porteña, y que buscaban brindarle distintos grados de protección. Uno de ellos proponía catalogarla con nivel de protección cautelar, preservando su fachada . El otro impulsaba su declaración como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la casa no podía ser intervenida ni demolida hasta que los diputados votaran los proyectos en segunda lectura.

“La demolición fue clandestina e ilegal –confirmó el diputado saliente del PRO Patricio Di Stéfano, autor de uno de los proyectos–. La casa tenía protección preventiva y no se la podía tirar abajo . Además, no contaban con permisos para hacerlo. Debiera haber una pena ejemplificadora para los responsables”.

“El Gobierno de la Ciudad estaba advertido por esta Defensoría de la posible demolición”, denunció el defensor del Pueblo adjunto porteño Gerardo Gómez Coronado. Desde agosto de 2010 había una actuación para preservar la casa abierta en la Defensoría, a la que el 30 de agosto pasado la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad le informó que no habían expedientes activos con permisos de obra para Terrada 578.

Ante el hecho consumado, Gómez Coronado reclamó que el Gobierno porteño aplique las sanciones previstas para los responsables de la demolición de edificios catalogados. Una de estas penas, es sólo permitirles construir el 70% de la superficie que demolieron.

En un comunicado, la ONG Basta de Demoler expresó: “Nuevamente y a pesar de los avances que se venían registrando los últimos años para protegerlo, el patrimonio de la Ciudad queda a merced de las leyes del mercado de la construcción, y el Estado, cómplice en la pérdida de uno de los recursos más valiosos de Buenos Aires”.

Los vecinos de Flores ya habían frenado un intento de demolición en 1997 y querían que la casa se convirtiera en un centro cultural dedicado a la literatura.

MACRI REGLAMENTO LA LEY 3562 (no era que no se podia)

2011-12-15T08:35:00.000-03:00

DECRETO N.° 620/11
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
VISTO:
El Código de Edificación, las Leyes N° 2.624 y N° 3.562, el Expediente N° 2200649/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.562 establece la obligación de inspeccionar toda obra en construcción
durante las etapas de demolición y excavación, independientemente de las
inspecciones que se realicen en el avance de la obra;
Que en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido notorio el incremento en el número y
dimensiones de las obras en ejecución, habiéndose verificado progresos en las
características técnico-constructivas de las mismas;
Que la demolición de los inmuebles y la posterior excavación para construir las bases yN° 3809 - 13/12/2011 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°30
cimientos de las nuevas edificaciones se encuentran entre los momentos más críticos
de una obra de edificación;
Que para garantizar la efectiva seguridad de los ciudadanos y sus bienes resulta
indispensable determinar el procedimiento de las inspecciones establecidas en la
citada norma, así como su estrecha correspondencia con cada etapa de la obra;
Que de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior es menester que el Poder
Ejecutivo, a través de las áreas competentes en la materia, ejerza su poder de policía,
de conformidad con lo establecido en el artículo 104 inciso 11 de la Constitución de la
Ciudad a efectos de resguardar la seguridad pública;
Que a través del procedimiento de inspección obligatorio de las etapas de excavación y
demolición, se podrá controlar el efectivo cumplimiento del Código de Edificación y su
normativa complementaria, así como también se podrá verificar la diligencia y la
responsabilidad del profesional a cargo de las obras;
Que en tal orden de ideas y a los efectos de garantizar el acceso a la información y el
debido control de las obras en ejecución resulta oportuno establecer la publicación, en
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la carátula de
todos los planos de Obras que se registren;
Que a los fines de lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de la normativa
vigente, es menester facultar a la Agencia Gubernamental de Control para que dicte las
normas complementarias al presente y demás actos que fueren necesarios.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 3.562, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Facúltase a la Agencia Gubernamental de Control a dictar las normas
complementarias y todo acto administrativo que fuere menester para el mejor
cumplimiento del presente Decreto.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- La presente norma entrará en vigencia a los veinte (20) días de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Urbano, y
a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido archívese. MACRI - Montenegro -
Chaín - Rodríguez Larret

Derrumbes en la Capital / Tras el colapso de un edificio en el centro Más controles a obras de demolición y excavación

2011-12-15T08:15:00.000-03:00

Por Angeles Castro | LA NACION

El gobierno de la ciudad intensificará finalmente los controles a obras de demolición y excavación realizadas en la Capital, tal como lo previó la Legislatura hace más de un año y a 40 días del trágico derrumbe de parte de un edificio de 10 pisos en el centro porteño, ocurrido como consecuencia de irregularidades en la perforación del suelo en un terreno lindero.

Anteayer salió publicada en el Boletín Oficial local la reglamentación de la ley 3562, sancionada en septiembre de 2010 por la Legislatura, que estableció la obligatoriedad de incorporar una inspección en la etapa de demolición y otras dos verificaciones durante los trabajos de excavación en las obras en construcción.

La aprobación de esa normativa fue producto de la preocupación social que generó la muerte de tres personas en un gimnasio de Villa Urquiza, que colapsó mientras en un lote aledaño se realizaba una excavación. Por ese hecho fueron investigados los responsables de la obra. Si bien la Justicia apuntó a las responsabilidades particulares, los diputados porteños intentaron limitar el margen de error de los privados mediante la imposición de nuevos controles en manos del Estado.

En momentos en que las excavaciones aumentaron en la Capital tanto en cantidad como en profundidad, por la demanda de subsuelos para cocheras y el negocio que estas unidades complementarias significan, la ley determinó que, cuando la cota de fundación supere los 4 metros, debe efectuarse una inspección al efectuarse el 10 por ciento de la perforación y otra al cumplirse el 50 por ciento. Sin embargo, no precisó cuándo deben controlarse excavaciones menores, lo que quedaba supuestamente librado a la reglamentación.

Asimismo, la norma fijó multas de 3600 a 36.000 pesos para quienes "no hubieran contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta en el registro público de demoledores y excavadores".

Según expertos consultados por LA NACION tras el derrumbe parcial en Bartolomé Mitre 1232, ocurrido el 4 del mes pasado y en el que murió un hombre, uno de los elementos que incidía en la posibilidad de una mala praxis durante un socavamiento del suelo era, precisamente, que la tarea fuera encargada a equipos sin especialización. También apuntaron a la falta de capacitación específica de los profesionales y de los operarios de las máquinas, así como a la ausencia de estudios previos serios sobre el suelo y los edificios existentes en el entorno de la obra.

En ese sentido, en la demorada reglamentación publicada anteayer, mediante el decreto con 620/11 que lleva la firma de Mauricio Macri, el gobierno porteño ordenó a los responsables de obras entregar ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc) "un relevamiento fotográfico de linderos, en formato digital, protegido, a los efectos de que su contenido sea de carácter inalterable".

Esa documentación -complementaria a otra relativa al plan de trabajo de demolición y excavación, que también deben presentar los constructores ante las autoridades- será girada por la Dgroc a la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyco), "para coordinar la inspección en obra", y a la Dirección General de Guardia de Auxilio, para que "cuente con la documentación necesaria en supuestos de emergencia".

Dos puntos de la reglamentación fueron criticados por el ex diputado Eduardo Epszteyn, uno de los autores de la ley. Primero, que el texto no especificó los momentos en los que deberán ser verificadas las excavaciones de menos de cuatro metros, lo que, según su opinión, mantiene riesgos latentes.

En segundo lugar, objetó que el jefe de gobierno haya depositado en los inspectores de la Dgfyco la potestad de controlar, y no en los profesionales verificadores, que en principio tienen más capacitación para evaluar si la obra se desarrolla en condiciones seguras

Proto Comuna Caballito

Verano patrimonial (I)

No permiten demoler sin que haya una inspección previa

POR PABLO NOVILLO

Es obligatorio informar cuándo arranca la obra. La medida llega tras el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre. Los constructores deben avisar la fecha justa de la demolición o excavación, para facilitar los controles. Son los momentos más críticos.

Ciudad entre medianeras

La mezcla de edificios de distintas alturas y profundidades estropea los barrios. Hay que repensar el futuro del tejido urbano.

El patrimonio porteño resiste

Control ciudadano online para los proyectos

A partir de ahora, en el sitio web del Gobierno de la Ciudad se puede ver el expediente y seguir el progreso de cada obra que se está ejecutando en la CABA.

Finalmente, quedaron protegidos los edificios anteriores a 1941

POR PABLO NOVILLO

FALLO COMPLETO DE LA JUEZA ANDREA DANAS

Justicia ejemplar

Alrededores de un amparo

Pensamiento corporativo y los roles históricos de Ejecutivo,Legislativo y Judicial ante el problema del patrimonio porteño.

VENCIÓ EL PLAZO Se ratificó la protección a los edificios anteriores a 1941

El plazo para apelar venció y los edificios anteriores a 1941 quedaron protegidos por la ley anterior. Prohibición para demoler.

Flores y Floresta: estrategias de termita

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La justicia ordenó al Gobierno Porteño que evite la demolición de edificios anteriores a 1941

Respuesta a la Defensora del Pueblo de la Ciudad

Demoledores vs. protectores

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EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE

PROYECTO SUR EXIGE AL JEFE DE GOBIERNO QUE CONCRETE EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL

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Papa Noel se adelanto en el barrio de Villa Santa Rita y le dejó a los vecinos flor de regalito

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184104-2011-12-24.html

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El sábado 31, a las 24, queda sin efecto el régimen especial que protege los edificios anteriores a 1941. El oficialismo se negó a renovarlo, pero la Justicia prohibió ayer que se concedan permisos de demolición o refacción.

Van a la Justicia para que protejan a los edificios anteriores a 1941

Amparo por el patrimonio edificado

HAY 140 MIL CONSTRUCCIONES CON GRAN VALOR Para que las topadoras no derriben parte de la historia

PRESENTAN AMPARO PARA EVITAR DEMOLICION DE EDIFICIOS DE VALOR HISTORICO

EDIFICIOS EN PELIGRO ONG's van a la Justicia en defensa del patrimonio porteño

Piden que sigan protegiendo a los edificios anteriores a 1941

Frenan la construcción de nuevas torres en Belgrano R

POR DANIEL GUTMAN

Los vecinos piden conservar la identidad del barrio. Una medida cautelar impide que se otorguen nuevos permisos para levantar edificios en la zona, que siempre se caracterizó por tener casas bajas y en la actualidad cuenta con por lo menos diez obras.

Freno a las torres

Debajo de la cota cero

Con la reglamentación de la Ley N° 3.562, a partir de ahora será obligatorio inspeccionar las obras en la etapa de excavación y demolición.

Aprobado. Tras el decreto del Ejecutivo porteño, ahora será obligatoria la inspección de la obra en su primera etapa.

Aprobado. Tras el decreto del Ejecutivo porteño, ahora será obligatoria la inspección de la obra en su primera etapa.

Reglamentación tardía

Patrimonio porteño en peligro

Fue ilegal la demolición de la última casa de Alfonsina Storni (en enero tiran media Buenos Aires abajo. Esto es solo el comienzo)

POR NORA SÁNCHEZ

EN FLORES. EL INMUEBLE YA DEMOLIDO Y LA ANTIGUA FACHADA. LOS VECINOS YA HABÍAN FRENADO UN INTENTO POR TIRAR ABAJO LA CASA HACE CUATRO AÑOS Y PEDÍAN QUE SE CONVIRTIERA EN UN CENTRO CULTURAL.

MACRI REGLAMENTO LA LEY 3562 (no era que no se podia)

Derrumbes en la Capital / Tras el colapso de un edificio en el centro Más controles a obras de demolición y excavación

Pensamiento corporativo y los roles históricos de Ejecutivo,
Legislativo y Judicial ante el problema del patrimonio porteño.