sábado, enero 27, 2007

UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS

Proto Comuna Caballito
Hechos. No palabras

Amigas y amigos

Les queremos comentar que en el sitio Caballito Colapsa http://www.caballitocolapsa.blogspot.com/ encontraran las fotos sobre las consecuencias de la lluvia del viernes 26. Asimismo siguiendo las direcciones http://www.youtube.com/watch?v=MLGCMwjCfS4 ,
luego http://www.youtube.com/watch?v=27bHnXuCyyg y por ultimo http://www.youtube.com/watch?v=uyMvivP_quY encontraran videos mostrando el colapso pluvial que esta sufriendo el barrio.

En todos los casos pueden utilizar el material, montarlo en sitios, distribuirlo. etc. Tanto en forma total como parcial. Mencionando la fuente.
Saludos.

Lic. Gustavo Desplats
Proto Comuna Caballito

Informes: 15-4163-5901 4903-7444
protocomunacaballito@yahoo.com

jueves, enero 25, 2007

VIDEO DEL ACTO

Vecinas y vecinos: siguiendo el viculo
http://www.youtube.com/watch?v=xbYlSxIkJR0 encontraran un corto video sobre el acto contra la especulacion y por un crecimiento sustentable que se realizo el 24. Saludos

sábado, enero 20, 2007

el miecoles 24 19 hs Vallese 753





































Proto Comuna Caballito
Hechos. No palabras
Amigas y amigos:
Siguiendo el vinculo
http://www.youtube.com/watch?v=dzRVka9nDVo encontraran un corto video sobre los daños ocurridos en la plazoleta Amadeo Sabattini por los constructores caníbales
Saludos.
Lic. Gustavo DesplatsProto Comuna Caballito
Informes: 15-4163-5901 4903-7444
protocomunacaballito@yahoo.com

SEGUIMOS DEFENDIENDO LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRAS FAMILIAS
ACTO DE REPUDIO AL INTENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS “TORRES CABALLITO”
2 torres de 34 pisos cada una + de 120 metros de altura Sombra de 300 metros sobre el barrio
1900 NUEVOS VECINOS ACRECENTANDO EL COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
QUE YA PADECEMOS
¡NO LO PERMITAMOS!

MIÉRCOLES 24
19Hs. FELIPE VALLESE 753

Con la participación de vecinos artistas

¡Si siguen las torres CABALLITO COLAPSA!
TRANSITO: ¡Un caos! COLEGIOS: ¡Ya faltan vacantes!
SERVICIOS Y CLOACAS: No resisten
VALOR DE LA PROPIEDAD Y CALIDAD DE VIDA: van a caer a pique

PLAZA PUBLICA LEY DE COMUNAS


¿Será 2007 el año de las Comunas?

Reclamar por una calle rota o sucia, la construcción de una plaza, la apertura de un Centro de Atención Primaria de la salud en el barrio o controlar el funcionamiento de una escuela, todavía hoy son pedidos que los vecinos deben hacer al Centro de Gestión y Participación (CGP) más cercano. Pero a menudo, esos trámites se pierden en un camino burocrático hacia la dependencia del Gobierno de la Ciudad encargada del área respectiva, y la respuesta llega tarde o no llega nunca. Esto dejaría de ser así cuando comiencen a funcionar –presumiblemente este año- las demoradas
Comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como lo dispone la
Constitución porteña , las Comunas le permitirán a los vecinos elegir a un órgano descentralizado de gobierno barrial que podrá manejar un presupuesto propio, así como las prioridades de gasto, y ejercer el control de la gestión.
Pero ¿cómo van a impactar realmente las Comunas en la vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires? Estos nuevos organismos elegidos en forma directa por los vecinos tienen defensores, detractores y ciudadanos expectantes.
Así, mientras unos sostienen que es un gran paso en el camino hacia la descentralización, en el que las decisiones se tomarán mucho más cerca de donde está el problema y el intercambio con la autoridades comunales será mucho más fluido, otros advierten que la descentralización sólo será de carácter administrativo, que sólo generará más puestos políticos que serán llenados por las viejas estructuras y que nada va a cambiar demasiado. Un primer paso para hacer más efectiva la participación y transparentar su funcionamiento, es informarse.
¿En qué consisten? Las Comunas, tal como lo establece el
artículo 127 de la Constitución porteña, son “unidades de gestión política y administrativas con competencia territorial que ejercerán funciones de planificación, ejecución y control de las obras de gobierno”. Esto significa que no son una repartición administrativa más del Gobierno Central, sino organismos de gobierno barriales elegidos con participación de los vecinos, quienes podrán presentarse y elegir candidatos para integrar una Junta Comunal de siete miembros, conformada en forma proporcional según los votos obtenidos y presidida por el candidato que haya obtenido el mayor número. Además habrá un Consejo Consultivo compuesto por entidades vecinales, organizaciones comunitarias, partidos políticos y vecinos con cargos ad honorem.
¿Por qué no están funcionando aún? La puesta en marcha de la Comunas es una deuda que los distintos jefes de gobierno y legisladores porteños vienen arrastrando desde el 1º de octubre de 2001 –cuando venció el plazo establecido por la Constitución- y que revela que la mentada
descentralización no parece estar entre las prioridades de los poderes de turno, pese a la demanda de los vecinos y el reclamo activo de distintas organizaciones barriales. Con cuatro años de demora, a fines del 2005 se promulgó la
ley 1.777 por la que
la Ciudad quedó dividida en 15 Comunas.
“La ley de Comunas es la primera reforma política concreta después de la crisis de 2001”, afirma Roy Cortina, titular del
Ministerio de Gestión y Descentralización de la Ciudad, para quien “va a ser una verdadera revolución desde el punto de vista de la participación ciudadana, porque si en una ciudad como Buenos Aires buscamos una plaza pública para debatir, tiene que ser ineludiblemente a escala humana. La descentralización, entonces, va a ser la otra cara de la moneda de la participación”. La ProtoComuna Caballito es una organización de vecinos surgida a principios del 2003, según explica Gustavo Desplats, “como una reacción al fracaso de la experiencia de Presupuesto Participativo, cuyo objetivo es promover y difundir los beneficios de una correcta aplicación de una descentralización administrativa y operativa en la Ciudad”. Fue una de las que más activamente participó en la elaboración de la ley.
Para Desplats, “la norma es una ley marco que puede ser aplicable en una Ciudad que viene de la no participación y que de manera constante ha desalentado la participación ciudadana”.
Cortina, quien desde su anterior cargo de presidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura, vino trabajando desde el 2004 en una metodología participativa para la elaboración de la ley, asegura que “lo que se viene es una democracia con más control por parte de la ciudadanía, más transparencia y proximidad, donde por primera vez en la ciudad se van a elegir representantes en los barrios, que deberán tener que tener el domicilio en la comuna, lo que va a contribuir a la oxigenación política porque se van a crear nuevos partidos y nuevas listas vecinales que van a surgir a partir de la potenciación de las ONGs existentes o las que se vayan a crear”. Sin embargo, aún no se realizaron las elecciones, pese a que la norma fijaba que debían convocarse antes del 31 de diciembre de 2006. Y todavía no hay fecha cierta, aunque las autoridades porteñas y los legisladores de distinto signo aseguran que se harán “sí o sí” este año. De hecho, en diciembre pasado, justo antes de que enciera el plazo para fijar la fecha,
la Legislatura la prorrogó hasta el 31 de mayo de 2007, con el argumento de que aún no estaban confeccionados los padrones de acuerdo a la nueva división de la Ciudad. Aunque estos motivos técnicos parecen estar teñidos de razones políticas ya que se especularía con realizarlas simultáneamente con los comicios de este año para elegir jefe de Gobierno y legisladores porteños, e incluso hacerlas coincidir con los comicios nacionales - lo que está prohibido por una ley porteña- para poder incidir con los aparatos políticos y clientelísticos. Desplats es escéptico sobre la posibilidad de que las elecciones se realicen este año para elegir a los representantes comunales y manifiesta sus dudas de que exista voluntad política de concretar una descentralización real:

martes, enero 16, 2007

DEFENSORIA CEDEM VIDEOS

Proto Comuna Caballito
Hechos. No palabras
Amigas y amigos:
Hoy son varios los motivos por los que nos comunicamos con Uds.. Hemos recibido de Atilio Alimena, Defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución 4141/06. Realmente imperdible. Explica claramente y sin rodeos coma se amaño la Ley de Impacto Ambiental de la Ciudad para favorecer los intereses especulativos. El texto se encuentra en http://www.protocomunacaballito.blogspot.com/ . Asimismo en el sitio Web del CEDEM encontramos un estudio sobre la Ciudad durante el 2006. Realmente muy interesante. Si se sabe leer uno se da cuenta que 850-000 m2 cubiertos (de lo 3.000.000 que se construyeron durante el 2006) no se vendieron. ¿La burbuja especulativa esta a punto de estallar? . Como ocurrió en USA unos meses atrás. El informe completo se encuentra en http://www.cedem.gov.ar/areas/des_economico/cedem/ .
El resumen se encuentra en
http://www.caballitocolapsa.blogspot.com/ . Por ultimo les comentamos que La Proto Comuna Caballito tiene cámara digital propia. Por lo que los invitamos a que , si ven algo que su difusión sea favorable a nuestras causas, nos llamen sin dudas. Siguiendo el vinculo
http://www.youtube.com/watch?v=_5qYo0_Y9ag encontraran el primer uso que le dimos. Es un video de poco mas de 3 minutos que muestra como maquinaria pesada destreza una palmera, 1 laurel y 2 pinos de aproximadamente 60 años. Que se encontraban en el fondo de un lote, y no molestaban de ninguna manera, para la construcción de la torre de 15 pisos, casi 50 metros que intentan desarrollar en el lugar. Por ultimo en el vinculo
http://www.youtube.com/watch?v=JVISua-WWEo encontraran el mismo video con menor calidad y comentado
Saludos.
Lic. Gustavo DesplatsProto Comuna Caballito
Informes: 15-4163-5901 4903-7444

RESOLUCION 4141/06 Defensoria de la Ciudad

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2006.-

VISTO:

La actuación nº 7009/06, iniciada de oficio por esta Defensoría del Pueblo y tramitada en la Adjuntía a cargo del arquitecto Atilio D. Alimena, donde se considera la convergencia de distintas actuaciones referidas a construcciones en altura destinadas a vivienda multifamiliar, en aparente violación a las normas urbanísticas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Y CONSIDERANDO QUE:

La construcción de edificios en altura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha generado desde fines de la década del ‘80 y especialmente en los inicios de la del ‘90, una sistemática violación a las normas establecidas.

Mediando consideraciones especiales y particulares “excepciones”, miles de metros cuadrados de edificación se construyeron sin respetar los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación y en total desmedro de la calidad de vida de los vecinos.

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, permitió la sanción de la Constitución propia del distrito, la cual incorpora en su Capítulo Cuarto (en los arts. 26 al 30 incluido), todo aquello concerniente a la “Calidad de Vida de los Vecinos” refiriéndose en particular a la “Regulación del uso del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad”.

Con el mismo concepto de “Calidad de Vida” antes enunciado, se explicita en el art. 30, lo atinente a la obligatoriedad para el estudio de “Evaluación Previa del Impacto Ambiental” para todo emprendimiento susceptible de relevante efecto.

Todo lo descrito pone en evidencia la clara intención de los Constituyentes de referir la temática ambiental hacia el concepto de preservación y defensa de los intereses y resguardo de las generaciones presentes y futuras.

Con el espíritu mencionado se sanciona en el año 1998 y conforme a los términos del art. 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley nº 123 “de Evaluación del Impacto Ambiental”. En los arts. 14º y 15º de la referida ley se enunciaban las actividades o desarrollos que se presumían como de mediano impacto ambiental. Entre ellas se incluía “la construcción de edificios de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación”.

Con el paso de los años en lugar de profundizar el concepto “ambiental” tan sensible para los Constituyentes, se trató de simplificar las metodologías de categorización, como resultado de lo cual se sanciona en el año 2000 la Ley nº 452 que, entre otras cosas, deroga los mencionados arts. 14º y 15º de la Ley nº 123.

Así, bajo el pretexto de simplificación se desvirtuó el concepto ambiental que la Constitución de la Ciudad contempla. En el caso particular de la construcción de edificios no resulta menor la afectación de los perfiles urbanos, eliminación de visuales, pérdida de la privacidad, pérdida de la luz solar, imposibilidad de la circulación de aire o bien conformación de corredores de viento, podrían ser los factores adversos en un simple y primer análisis de la cuestión.

A poco de darse rienda suelta a “la simplificación”, surgen más factores desfavorables de peso a ser tenidos en cuenta en una básica “Evaluación de Impacto Ambiental”: desagües cloacales, suministro de agua corriente, red de alimentación eléctrica, capacidad de estacionamiento, red de circulación vial, espacios verdes de uso público, colegios, servicios de salud, etc.

Lo descrito pone en evidencia que la simplificación no sólo ha burlado el espíritu de la Constitución, sino que además ha mancillado la voluntad del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestado a través de sus Constituyentes que previamente y mediante el libre ejercicio de la democracia había elegido en las urnas.

Mediando a lo largo del tiempo diversas modificaciones a las resoluciones que reglamentaron y modificaron tal reglamentación, ya la Resolución nº 873/AA. Ley 123-SSMA-2004 establecía, en su art. 4º, que “...las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se encuadren en rubros previstos en los Cuadros de Usos 5.2.1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se considera así categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación”. Es decir, se obvia la responsabilidad del Estado de categorizar en forma particular cada situación.

Sin embargo, esta simplificación hacia referencia a actividades comerciales, industriales o de servicio incluidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y de las Pautas de Unificación (Anexo VI del Decreto nº 1352/GCABA/02). Posteriormente, mediante la Resolución nº 61/GCABA/SSMA/05 se incluyó el siguiente texto (Anexo IV) “...Toda obra pública o privada, con una superficie cubierta mayor a 10.000 m2, cualquiera sea su destino, resultará sujeta a categorización (s/C)”.

De esta manera, con el pretexto de simplificar, sólo se incluye en la obligación de categorizar las construcciones de más de 10.000 m2. Coherente con este criterio de dar vía libre a grandes construcciones evitando la categorización puntual, el Gobierno emitió en el mes de octubre de 2005 la Resolución nº 104-SSMAMB-05, en la que “atendiendo a los reclamos de distintos sectores y en búsqueda de una mayor eficiencia” reemplaza el inc. a) del art. 4º de la Resolución nº 873/04 estableciendo que “...las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se encuadren en rubros previstos en el Cuadro de Usos 5.2.1 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se consideran así categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación, excepto aquellos que comprendan una superficie cubierta total mayor de 10.000 m2, en cuyo caso deberán contar con una declaración expresa de la Autoridad de Aplicación, para lo cual deberán cumplir con el trámite previsto en el art. 6º, inciso c de la presente resolución”.

Vemos que las diferentes Resoluciones que el Ejecutivo emite tienden a mantener la “categorización automática” como Sin Relevante Efecto (S.R.E.) a todo edificio de menos de 10.000 m2.

Ahora bien, para tener una cabal idea de lo que representa un edificio de 10.000 m2 de superficie cubierta en una ciudad como la nuestra, resulta útil efectuar unas simples operaciones de cálculo. Un edificio construido en un predio de 8,66 metros de frente con un fondo de 40 metros (terreno clásico en nuestra ciudad), emplazado en un distrito R2a permitiría una construcción máxima aproximada de 1.800 metros cuadrados con un desarrollo de siete pisos de altura. Es decir, que en una zona residencial R2a un edificio de siete pisos equivale a 1.800 m2, mientras que la reglamentación de la institución de Evaluación de Impacto Ambiental establece un límite de 10.000 m2 de superficie cubierta considerándola Sin Relevante Efecto en forma automática (sin la intervención puntual de la Autoridad de Aplicación), lo cual equivale a la construcción de cinco edificios simultáneos.

En la búsqueda de la optimización de la “eficiencia y efectividad” del accionar del Estado para el resguardo de los derechos y garantías del ciudadano, en este caso su “Calidad de Vida”, es interesante que el funcionario interprete el espíritu de los Constituyentes a los efectos de mejorar su condición, pero resulta violatorio de todos los principios del derecho “avanzar sobre los intereses legítimos de las personas” y legislar en detrimento de sus garantías.

A poco de analizar la cuestión planteada en cuanto a la necesaria “Categorización” y “Evaluación de Impacto Ambiental” es más que evidente que la afectación a las personas resulta ser notoria; si de algo sirve, sería bueno recordar el art. 26 de la Constitución de la Ciudad, donde los constituyentes expresan: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, como así el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras...”.

Es necesario recordar y remarcar, que no estamos hablando de un hecho vulgar o antojadizo, pues la violación de los principios referidos a la temática ambiental constituyen un daño en muchos casos irreparable con afectación a los intereses difusos de los ciudadanos, pero especialmente a sus vidas.

De todo lo expuesto surge la necesidad de rever la reglamentación de la Ley nº 123 (y su modificatoria) de manera tal que las construcciones de edificios con una superficie cubierta “razonablemente importante” deba ser categorizada en forma específica.

En la presente época, cuando gran cantidad de vecinos se movilizan para evitar que sus barrios se vean afectados por la construcción de grandes torres que traería aparejado serios problemas ambientales y de servicios, se torna necesario repensar la reglamentación cuestionada y establecer límites con superficies cubiertas más exiguas.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
R E S U E L V E :

1) Recomendar al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Jorge Telerman, que disponga se analice la cuestión a fin de replantear la reglamentación de la Ley nº 123 (y su modificatoria) a fin de evitar las construcciones de edificios de gran altura sin la previa categorización y evaluación del impacto ambiental.

2) Poner en conocimiento de la presente Resolución a los señores Ministros de Planeamiento y Obras Públicas, ingeniero Juan Pablo Schiavi, y de Medio Ambiente, don Marcelo Vensentini, a fin que elaboren las propuestas correspondientes.

3) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Alvaro González, y a los integrantes del Consejo del Plan Urbano Ambiental.

4) Registrar, reservar en la Adjuntía para su seguimiento y oportunamente archivar.

Código 441
Ad1
gv/D/LDS

RESOLUCION Nº 4141/06

miércoles, enero 03, 2007

Enigma: ¿Cuál es la relación de Schiavi con el lobby de la construcción?


28 de diciembre
La Cámara Argentina de la Construcción tiene apellidos paradigmáticos: Chodos, Wagner, Eskenazi, Roggio, Madcur, Macri, Chediack, y otros. Ninguno de ellos se ha mostrado muy preocupado por preservar la calidad del hábitat porteño. Pero las autoridades son quienes, en nombre de los vecinos, deben establecer los límites y conseguir que prevalezca la ley. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo?
Juan Pablo Schiavi, ingeniero agrónomo a cargo de la ingeniería civil y la arquitectura urbana porteña, afirmó: "La ciudad tiene 50.000 calles y la mitad está asfaltada. Habría que tener un programa de repavimentación de 10% de las calles por año. Si miramos el registro de las últimas dos décadas está claro que no se hizo nada. Y el pavimento se ve, imaginemos lo que pasó con lo que no se ve. Vamos a poner $ 80 millones en infraestructura hidráulica y en recuperar el espacio público".
Cualquiera podría explicarle que con el precio internacional del petróleo en los niveles actuales, que no son 'picos', resulta muy oneroso para la Ciudad insistir con el pavimento asfáltico que es el que Schiavi ordena utilizar. Lo aconsejable sería mudar en todo lo nuevo al hormigón.
La Argentina es uno de los pocos países del mundo que sigue utilizando un derivado del petróleo para construir calles y avenidas públicas.
La reconversión no ocurrió por el lobby de los constructores viales argentinos, que no quieren invertir en nuevas maquinarias y equipos, necesarios para trabajar con el hormigón en vez del asfalto.
También porque al bajar los presupuestos totales, los sobreprecios y 'mordidas' posibles, también reducirían. Mientras los porteños puedan pagar su tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza actual, ¿para qué cambiar, no?
Entonces, han tenido a su favor la corrupción y/o la ignorancia de los funcionarios públicos.
Y lo que ocurre obliga a una reflexión: ¿Cuál es la relación entre Schiavi y el lobby de los constructores?
Sustentable
La Constitución porteña habla de 'desarrollo sustentable', y resulta letra muerta como la autonomía de la Ciudad.
¿Qué es el 'desarrollo sustentable'?
Lo explica la propia Constitución: "(...) un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico. Este proceso implica el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con el Ambiente, sin comprometerlo y garantizando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras (...)".
Los abogados ambientalistas Marcelo Capelluto y Elsa Margarita Fornasero afirmaron, días atrás: "El impacto ambiental de las nuevas construcciones es desastroso en el norte de la Ciudad; se derrumban casas típicas con jardines para levantar edificios gigantescos que perjudican a las construcciones bajas existentes, tapando el sol, invadiendo la privacidad, y desde ya generando problemas en la infraestructura de servicios, ya sea primero la escasez y luego colapso de servicios públicos esenciales como ser agua, cloacas, luz, gas, etc.; problemas de saneamiento ambiental, dada especialmente con la generación de mayores cantidades de residuos, el deterioro del suelo, mayor circulación de vehículos que ocasiona mayor polución ambiental y contaminación visual y sonora, menos lugares públicos para estacionar los autos lo que podría suponer en el tiempo la instauración de un servicio medido, superpoblación hospitalaria, desborde de alumnos en las escuelas públicas y privadas, problemas de seguridad, de transporte, etc., todo ello afectando la calidad de vida de los residentes porteños".
También alertaron: "Cuando las nuevas construcciones estén habitadas se agudizarán las inundaciones que hace décadas padecen distintas barrios capitalinos, “siempre que llueve fuerte, habrá riesgos de colapso de las cloacas, como ya ocurrió en la calle Olazábal de Villa Urquiza".
El panorama que describieron es alarmante: "A su vez las constructoras venden las terrazas de los nuevos edificios- torres para la instalación de antenas para celulares, con la excusa de reducir gastos de expensas, no estando probada científicamente la inocuidad de las ondas electromagnéticas. No se está en contra del progreso y de la construcción de viviendas, actividad generadora de puestos de trabajo y pilar de la recuperación económica, pero sí se impone una planificación urbana, es decir un ordenamiento territorial que respete las características de cada barrio, sin llegar a vedar las modificaciones que normalmente pretende realizar cada propietario dentro de su vivienda, cumpliendo siempre con la normativa existente".
El Estado debe regular los intereses del vecino y el de los inversores, para que no se superpongan entre sí, afectando seriamente a una de las partes, a través del Plan Urbano Ambiental.
Está previsto en el artículo 27 de la Constitución porteña, que se incumple en diversas cuestiones.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, a través del Decreto N° 650, designó al ingeniero agrónomo Juan Pablo Schiavi ministro de Obras Públicas e Infraestructura, en lugar de Ernesto Selzer.
Antes, colaborando con Carlos Grosso, Schiavi fue subsecretario de Mantenimiento Urbano y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires –entre 1990 y 1992- y subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires -1992-.
Cuando Telerman le ofreció Obras Públicas, Schiavi se desempeñaba como director del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
Infraestructura
Schiavi reconoce que a su llegada al cargo, hace 5 meses, "Buenos Aires estaba devastada desde el punto de vista infraestructural". ¿Qué garantiza que no se encuentra en una situación similar hoy día?
Y si hoy no es grave el problema, sí lo será en los próximos años si no se toman medidas. La Ciudad sufre de hipertrofia de crecimiento sin regulación.
Schiavi señaló que su principal objetivo sería "suplir la falta de infraestructura que la Ciudad tiene" y que apelaría a "la enorme inversión privada".
Una de las mayores críticas de los vecinos es por la saturación de las cloacas o falta de presión en el agua. "Con AySa —la empresa estatizada— debemos trabajar de manera común para resolver problemas", explicó Schiavi.
Luego, las redes de distribución de electricidad y las subestaciones se encuentran en crisis permanente.
La Argentina es un país desequilibrado, y los gobernantes porteños no han hecho algo por impedir el impacto del desequilibrio: el 50% de la construcción de la Ciudad está concentrada en 5 barrios.
Según el Índice Ciudad que elabora la Fundación "Estado, Trabajo y Producción" (FETyP) la construcción en los primeros 10 meses del año –aun con una leve desaceleración- creció en el país 18,5% mientras que en la Ciudad lo hizo un 42,5% convirtiéndolas en una de las actividades más dinámicas.
Schiavi gestiona la porción más grande del presupuesto porteño: más de $ 600 millones para inversiones durante 2007.
En 1999 Schiavi fue Jefe de Campaña del ingeniero civil Mauricio Macri, con quien se vinculó a principios de los '90 cuando era subsecretario de Mantenimiento y Servicios de la Municipalidad y había que negociar con Manliba (empresa de la familia Macri) los contratos de la basura.
El juez Juan Cataldo hizo lugar a una acción de amparo presentada por vecinos que se oponen a la construcción de un edificio de 9 pisos en la calle El Salvador al 6000 del barrio de Palermo, ordenándole al Gobierno de la Ciudad que no otorgue permisos a las obras que no se adecuen a la fisonomía tradicional del barrio. La jueza Alejandra Petrella le impidió a la Ciudad otorgar nuevos permisos en 16 manzanas del barrio de Caballito, entre las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza, y Gaona.
Existe una importante concentración (48%) de la superficie permisada en 6 barrios Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Balvanera. Sólo en Palermo y Caballito se concentró el 25% de la superficie permisada.
Desde el 15 de noviembre están suspendidos por 90 días los permisos de obra en zonas densamente pobladas de los barrios de Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Núñez.
Schiavi nunca quiso suspender nada. Él se lo explicó a la revista 'Fortuna': "Íbamos camino a la judicialización del planeamiento urbano, con la consecuente inseguridad jurídica para los inversores que estuvieran construyendo. Además, el Gobierno perdía autoridad en una materia en la que es competente: decidir sobre lo que pasa en la Ciudad. Lo que se suspendió es el trámite de presentación de nuevos permisos. Es una medida cautelar y transitoria fundada en una decisión judicial".
En este contexto el Gobierno porteño negó que tenga pensado levantar por decreto, en no más de 15 días, la prohibición de nuevos permisos de obra en seis barrios porteños. "No hay ningún decreto para reemplazar al Decreto 1.929. Carece de todo sentido cuando tenemos tiempo de resolver el problema de la construcción hasta el 15 de febrero", dijo Schiavi.
Resultó definitorio para Telerman y Schiavi que 69% de los vecinos apoyó la decisión del Ejecutivo de suspender por tres meses el otorgamiento de permisos de obra en seis barrios, según una encuesta encargada por la Ciudad a la consultora D'Alessio Irol, que preguntó a 1.140 vecinos.
Se tomó una decisión parcial, acotada, aún cuando el mayor apoyo a la medida, 63%, se registró en la Comuna 1 (Monserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás, San Telmo, Constitución), cuyos barrios no fueron alcanzados por la suspensión. Es evidente que el problema es gran parte de la Ciudad, no un perímetro acotado a los más recientes permisos de obra.
El 90% de los consultados opinó que el progreso de la construcción no debe frenarse, pero el 50% consideró que lo más adecuado es detenerla temporalmente mientras se adecua la infraestructura de servicios públicos.
Schiavi acordó con constructores, arquitectos y la UOCRA formar una mesa técnica para analizar la situación de la infraestructura en los 6 barrios en los que suspendió la construcción de edificios. La Ciudad evaluará barrio por barrio si la suspensión dura los 90 días decretados o si el parate es por más o menos tiempo, según cada caso.
Telerman y Schiavi se lo comunicaron a los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria Argentina y la Asociación de Empresarios de la Vivienda, entre otros.
Berenjenal de fechas
Schiavi explicó: "Si vemos que en algún barrio o alguna zona de un barrio no hay riesgo de colapso, la suspensión allí durará menos de 90 días. Y si encontramos algún problema, la ampliaremos y enviaremos a la Legislatura el proyecto de modificación del Código de Planeamiento que haga falta".
"En 30 días tendremos los datos de Caballito, Palermo y Villa Urquiza; y en 60 los de Villa Pueyrredón, Coghlan y Núñez", adelantó Schiavi.
Daniel Silberfaden, titular de la Sociedad Central de Arquitectos, contó: "Le pedimos a Telerman que diera marcha atrás con la suspensión, pero dijo que tuvo que hacerlo para evitar que cayeran más recursos de amparo vecinales. Nos afecta, pero estamos comprometidos a trabajar para encontrar una solución".
"Cuando Belgrano creció de golpe nadie cuestionó la infraestructura de servicios como ahora. ¿Por qué tendrían que colapsar los servicios en este barrio puntualmente cuando nunca sucedió algo parecido en ningún otro barrio capitalino?", se pregunta Osvaldo Candreani, arquitecto con más de 20 obras en Caballito.
La respuesta es obvia: Así está Belgrano. Y gente como Candrean se enriqueció quitando calidad de vida a sus vecinos.